PERIODISMO

EL PP TUMBÓ NUEVE VECES EN UN AÑO LA REDUCCIÓN DE AFORADOS QUE AHORA PROPONE GALLARDÓN

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Los populares rechazaron en el Congreso y en el Senado propuestas en este sentido formuladas por UPyD, Izquierda Unida y Compromís. Asimismo, el Gobierno ha negado en dos respuestas escritas que tenga intención de “quitar la protección a los integrantes del Poder Judicial y la Fiscalía, contemplada ya desde la Constitución de 1931”.

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¿Cortina de humo? ¿El enésimo farol? La propuesta esbozada ahora por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consistente en pasar de 17.621 a 22 aforados en España choca con el sentido del voto de los populares en el último año de legislatura. Gallardón ha manifestado que su departamento ha incluido esta iniciativa en el texto de la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que será debatida en las Cortes. Y lo ha hecho, incluso rebajando expectativas al recalcar que tal propuesta no se puede realizar a través de ley orgánica, ya que algunos de esos aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía. En el supuesto de seguir adelante, habría que reformar estas normas básicas con gran consenso, ha apuntado el ministro.

Precisamente, esa compleja reforma de la Carta Magna y otros argumentos de diversa índole han sido esgrimidos por los populares para tumbar en el Congreso y en el Senado al menos nueve iniciativas planteadas por la oposición para regular el aforamiento. El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), los dos senadores de Izquierda Unida (IU) y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han sido los más activos actuando como azote del Gobierno en esta cuestión.

En el caso de la formación de Rosa Díez, el partido que más ha atacado al Ejecutivo por este frente, presentó dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, una propuesta de resolución al debate del Estado de la Nación de 2013, una proposición no de ley y una serie de enmiendas tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno del Congreso a la ley de racionalización del sector público, donde Moncloa incluyó como anexo el aforamiento exprés de Juan Carlos I.

La primera de esas dos mociones trató sobre “propósitos del Gobierno en relación con las reformas legales necesarias a fin de eliminar distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos públicos”. Esta iniciativa, en la que UPyD emplazaba al Gobierno a poner fin a la figura del aforamiento, basada en una “una cierta desconfianza por parte de poder legislativo respecto de la injerencia del ejecutivo o del judicial”, fue rechazada el 20 de junio de 2013 por 184 votos en contra, en su mayoría del PP (hubo 19 a favor y 98 abstenciones, principalmente del Partido Socialista).

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EL BLINDAJE EXPRÉS DE LA FIGURA DEL REY PADRE SIRVIÓ A UPYD Y A LOS SENADORES DE IU PARA QUE EL GOBIERNO SE RETRATARA EN SU NEGATIVA DE REVISAR EL AFORAMIENTO

La segunda moción, todavía más reciente, de mayo de 2014, abordó “las reformas legales necesarias a fin de combatir la corrupción política”. El texto de UPyD instaba aquí al Gobierno en su sexto punto a “suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas leyes”. Sin embargo, la propuesta no salió adelante por 172 votos frente a 19 (registró 123 abstenciones).

El tema del aforamiento también estuvo presente en el debate sobre el estado de la Nación de 2013. UPyD presentó una propuesta de resolución, en concreto la número 28, que reclamaba al Gobierno “impulsar las reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas leyes y que impiden que los políticos acusados de corrupción puedan ser enjuiciados por el juez natural”. La formación magenta no logró que este séptimo punto de la iniciativa tuviera luz verde.

En junio de 2014, UPyD lo intentó con una proposición no de ley (PNL) relativa a la “eliminación de las exenciones a la obligación de testificar y concurrir al llamamiento judicial para declarar”, un privilegio del que gozan los políticos aforados. La formación magenta demandó al Gobierno que tomara ya cartas en el asunto en un plazo de tres meses, pero los populares votaron en contra alegando que no existe tanta urgencia y que esas exenciones irán contempladas en una próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La propuesta, debatida en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso, fue rechazada por 21 votos en contra, tres votos a favor y 16 abstenciones (diputados de CiU, PNV y PSOE).

La tramitación del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público, donde el Gobierno blindó la figura del rey padre, sirvió a UPyD y a los senadores de IU para poner a prueba al Gobierno sobre la regulación del aforamiento. Las dos enmiendas (número 6 y 7) que registró al respecto el partido de Rosa Díez se toparon con la mayoría del PP en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja (23 votos en contra, uno a favor y 16 abstenciones). Lo mismo ocurrió cuando el debate pasó al Pleno del Congreso. La enmienda de la formación magenta que pedía abolir de golpe más de 9.000 aforados obtuvo 183 votos en contra, 18 a favor y 121 abstenciones.

Por su parte, los parlamentarios de Izquierda Unida en el Senado, Jesús Iglesias y José Manuel Mariscal, defendieron una enmienda de adición (la número 10) al mismo texto normativo, donde instaban al Gobierno a presentar “en el plazo de seis meses los proyectos de ley y las reformas normativas necesarias para limitar el número de aforamientos a los reconocidos en los Estados de nuestro ámbito y permitir que al inicio de su función los aforados puedan renunciar al mismo”. Los populares tumbaron esta propuesta en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta con 16 votos en contra (hubo tres a favor y 6 abstenciones). La misma enmienda también recibió el rechazo del Pleno del Senado por 149 votos negativos (procedentes en su mayoría de la bancada popular) frente a 5 favorables y 77 abstenciones.

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UNA IMPUNIDAD QUE CAUSA INDIGNACIÓN

Un último ejemplo lo protagoniza Compromís. Su diputado nacional, Joan Baldoví, presentó el pasado julio una moción “sobre el incremento de espacios de impunidad en el ámbito de la Administración de Justicia frente a las políticas de restricción de libertades”. En esta iniciativa, criticó a Gallardón que “cuando hay un clamor para revisar que seamos el país democrático con más aforados del mundo –más de 10.000– a usted se le ocurre incrementar el número de aforados, no sea que haya más jueces Castro por ahí, en los juzgados de Instrucción y don Juan Carlos acabe imputado, como parece que pasará hoy con su hija”. La iniciativa tuvo el respaldo de UPyD por reclamar una reducción del número de aforados y también del PSOE. Sin embargo, no salió adelante por el rodillo del PP (174 votos en contra, 132 a favor y 18 abstenciones).

Además, existen dos recientes respuestas parlamentarias del Gobierno a sendas preguntas escritas de UPyD que ponen en evidencia el afán reformista que muestra ahora el ministro de Justicia. En la entrevista concedida a El País, Gallardón aboga por dejar en 22 los 17.621 aforados –sin contar a las fuerzas y cuerpos de seguridad– que hay en España, incluyendo aquí “todos los políticos de ámbito nacional, autonómico, el total de los miembros de los órganos judicial y fiscal, y los jueces de paz, que son 7.685”. Sin embargo, esta pretensión de Gallardón cae por su propio peso si se tiene en cuenta que el Ejecutivo respondió en junio a UPyD que “este Gobierno no tiene intención de quitar la protección (del aforamiento) a los integrantes del Poder Judicial y la Fiscalía, contemplada desde ya la Constitución de 1931”.

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¿PODRÍA ADIVINAR, CUAL ES EL TRIBUNAL QUE EN ESPAÑA MENOS CUENTA? SOBRE TODO PARA ALGUNOS.

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EL TRIBUNAL DE CUENTAS.

LOS CONSEJEROS DE CUENTAS SON NOMBRADOS “SEIS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y SEIS POR EL SENADO, MEDIANTE VOTACIÓN POR MAYORÍA DE TRES QUINTOS DE CADA UNA DE LAS CÁMARAS, POR UN PERÍODO DE NUEVE AÑOS”.

ARTÍCULOS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. (LOTCU):

El Presidente del Tribunal de Cuentas será nombrado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de tres años.

Artículo 29.

Los Consejeros de Cuentas serán designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años, entre Censores del Tribunal de Cuentas, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos ellos de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional.

Los Consejeros de Cuentas del Tribunal son independientes e inamovibles.

Artículo 30.

Los Presidentes de las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento serán designados por el Tribunal entre los Consejeros de cuentas, a propuesta del Pleno.

Artículo 31.

El Fiscal del Tribunal de Cuentas que pertenecerá a la Carrera Fiscal, se nombrará por el Gobierno en la forma determinada en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Artículo 32.

Composición nominal del Pleno del Tribunal de Cuentas y nombramientos:

LOS CONSEJEROS ACTUALES, QUE FUERON TODOS NOMBRADOS EL 21 DE JULIO DE 2012, SON:

POR PARTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

D. Ramón María Álvarez de Miranda García (presidente), miembro desde 07/11/2001. Presidente.

D. Ángel Antonio Algarra Paredes, miembro desde 23/07/2012. Consejero del Departamento de Fiscalización de Comunidades Autónomas y de Ciudades Autónomas.

Dª. Enriqueta Chicano Jávega, miembro desde 23/07/2012. Consejera del Departamento de Fiscalización del Área Político-Administrativa del Estado.

Dª. María José de la Fuente y de la Calle, miembro desde 23/07/2012. Consejera del Departamento de Fiscalización de Entidades Locales.

Dª. María Antonia Lozano Álvarez, miembro desde 23/07/2012. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento.

D. José Manuel Suárez Robledano, miembro desde 23/07/2012. Consejero del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento.

POR PARTE DEL SENADO:

D. Javier Medina Guijarro, miembro desde 07/11/2001. Presidente de la Sección de Fiscalización. Consejero del Departamento de Fiscalización de las Entidades Financieras y de Fundaciones y otros Entes Estatales.

Dª. Margarita Mariscal de Gante y Mirón, miembro desde 23/07/2012. Consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento.

D. Manuel Aznar López, miembro desde 23/07/2012. Consejero del Departamento de Fiscalización del Área de la Administración Económica del Estado.

D. Lluís Armet i Coma, miembro desde 07/11/2001. Consejero del Departamento de Fiscalización de Empresas Estatales y otros Entes Públicos.

D. Felipe García Ortiz, miembro desde 07/11/2001. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento.

Dª. María Dolores Genaro Moya, miembro desde 23/07/2012. Consejera del Departamento de Fiscalización del Área de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social.

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El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución Española que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público, sin perjuicio de su función jurisdiccional encaminada al enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos. También se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria.

Depende directamente de las Cortes Generales, ejerciendo sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. No obstante, el Tribunal de Cuentas disfruta de plena independencia para el ejercicio de sus funciones, reconociéndose constitucionalmente que los miembros del Tribunal gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión financiera (economía, eficacia y eficiencia). Los resultados de la fiscalización se exponen mediante informes, memorias, mociones y notas, que se aprueban por el Pleno del Tribunal y se elevan a las Cortes Generales y, en lo que les afecte, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los Plenos de las Corporaciones locales.

SALA DE JUSTICIA

La función jurisdiccional consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos, siempre que se haya producido un menoscabo o perjuicio en los mismos. El Tribunal de Cuentas es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de que las sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal sean susceptibles de impugnación mediante el recurso de casación –y, en su caso, extraordinario de revisión- ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La organización del Tribunal de Cuentas responde a las dos funciones señaladas, al establecerse como órganos del Tribunal, entre otros, las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento, que se encuentran estructuradas en Departamentos para el mejor cumplimiento de sus cometidos.

Al margen del Tribunal de Cuentas, se han constituido diversos Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, bajo distintas denominaciones, que ejercen una función fiscalizadora sobre las Administraciones autonómicas y locales  de sus respectivos ámbitos territoriales, sin que ello excluya la competencia del Tribunal para fiscalizar la totalidad del sector público español. Sin embargo, el enjuiciamiento contable es una jurisdicción exclusiva del Tribunal de Cuentas

HISTORIA

Aun cuando no pueda establecerse una relación directa con el Tribunal de Cuentas, tal y como está configurado en la actualidad, los antecedentes más remotos de la actividad de control económico-financiero del ámbito público se sitúan en la Alta Edad Media. En este contexto, cabe señalar la existencia de figuras como la del Mayor in Domus, recogido en el Código de las Partidas de Alfonso X el Sabio, el Contador Mayor en la Corte castellana y el Maestre Racional en el Reino de Aragón.

Bajo el reinado de Juan II, Rey de Castilla y León, tuvo lugar la creación de la Casa de Cuentas de Valladolid y la Contaduría Mayor de Cuentas, antecedentes históricos del Tribunal de Cuentas. En Navarra se constituyó la Cámara de Comptos, que asumió funciones de Tribunal de Justicia en materia de Hacienda.

En el siglo XVI, Felipe II dispuso la creación, en sustitución de las anteriores Instituciones, de un Tribunal de Contaduría, cuya finalidad era la de resolver sobre los contenciosos relativos a la gestión económico-financiera pública y su registro contable.

En la Constitución de 1812, aprobada por las Cortes de Cádiz, se dispuso la creación de una Contaduría Mayor de Cuentas “para el examen de todas las cuentas de los caudales públicos”. En 1828 se aprobó la Ordenanza por la que se crea el Tribunal Mayor de Cuentas, que estuvo vigente hasta 1851.

Durante el régimen establecido en la Constitución de 1845 se llevaron a cabo una serie de importantes reformas en la Administración financiera del Estado, aprobándose la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 1851, que constituye el auténtico germen de la Institución actual, atribuyéndole la fiscalización financiera de la Administración Pública.

En 1870 se aprobó una nueva Ley sobre Organización del Tribunal de Cuentas del Reino, que estuvo en vigor hasta que, en 1924, se creó el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, en el que quedaron integradas tanto las funciones de control externo como las de control interno del sector público.

La Constitución de 1931 estableció el Tribunal de Cuentas de la República como órgano fiscalizador de la gestión económica pública, aprobándose su Ley Orgánica en 1934.

Con posterioridad se fueron estableciendo normas de adaptación de la Institución al régimen político vigente, aprobándose una Ley de Organización, Funciones y Procedimientos del Tribunal de Cuentas del Reino en 1953, modificada en 1961, en la que se define al Tribunal de Cuentas como el órgano superior de control externo del Estado, con la función de informar al Jefe del Estado y a las Cortes del resultado de su actividad de fiscalización y con el reconocimiento de una auténtica función jurisdiccional.

En la actualidad, la Constitución Española de 1978 configura al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económico-financiera de todo el sector público, que es independiente del Poder Ejecutivo y se encuentra vinculado directamente a las Cortes Generales.

Artículo 136

  1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

  1. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

  1. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
  2. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

Antonio José Chinchetru, 08 de febrero de 2013 http://www.periodistadigital.com/

TRIBUNAL DE CUENTAS: 53 MILLONES ANUALES EN SUELDOS PARA MIRAR PARA OTRO LADO

LOS POLÍTICOS LO UTILIZAN PARA COLOCAR A PARIENTES Y AMIGOS: AZNAR PUSO ALLÍ A SU HERMANO.

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EL ESTAMENTO MILITAR EN ESPAÑA; LA OTRA “CASTA”. EL TENIENTE EXPEDIENTADO POR UNA NOVELA DE CORRUPCIÓN MILITAR PIERDE 10 KILOS EN SU HUELGA DE HAMBRE

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 Luis Gonzalo Segura, que lleva 20 días alimentándose sólo de líquidos, tiene impuesta una sanción de dos meses de arresto por sus declaraciones, en las que habla de “abusos, privilegios y corruptelas de la casta militar dominante”

EUROPA PRESS

El teniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura lleva ya 20 días en huelga de hambre en el hospital mientras cumple los dos meses de arresto como sanción por las acusaciones sobre presuntas corruptelas en las Fuerzas Armadas que ha vertido en las presentaciones públicas de su novela Un paso al frente.

Segura inició su huelga de hambre un día antes de comenzar a cumplir el arresto que se le impuso como sanción del expediente que se le había abierto por sus declaraciones, en las que habla de “abusos, privilegios y corruptelas de la casta militar dominante” que se sostienen por la “ley del silencio”. También se le ha condenado a pérdida de destino en la unidad donde servía actualmente en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

El teniente debía cumplir su arresto en el centro disciplinario militar de Colmenar Viejo (Madrid), pero en los primeros días fue trasladado al Hospital Militar Gómez Ulla para que pueda ser controlado en todo momento debido a su intención de continuar con la huelga de hambre, alimentándose sólo a base de líquidos.

Ha perdido diez kilos

En todo este tiempo, Segura ha ido publicando cada día comentarios en las redes sociales Facebook y Twitter acerca de su estado y evolución. Según asegura, ha perdido ya más de diez kilos y en ocasiones tiene “fallos de memoria”.

Además del expediente disciplinario, el teniente se enfrenta a un expediente gubernativo que se le abrió por una carta al ministro de Defensa que incluye en su libro y por la que se le acusa de vulnerar el código disciplinario militar en lo referente a “realizar actos gravemente contrarios a la disciplina, servicio o dignidad militar que no constituyan delito”.

Es el propio Ministerio de Defensa el que deberá resolver este expediente gubernativo, que podría acarrear a Segura su expulsión definitiva de las Fuerzas Armadas.

“Sospechas” o “desconocimiento”

Según ha contado el teniente en sus comparecencias públicas, todo lo que expone en su novela lo había denunciado previamente ante la Justicia militar, pero las querellas fueron archivadas. Según el Ejército, dichas denuncias se basaban en “meras sospechas o rumores” o “simple desconocimiento”, de modo que se considera justificada la sanción de arresto de dos meses porque se entiende que las acusaciones de Segura en las presentaciones de su novela serían “falsas”.

De hecho, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central número 1 archivó las denuncias alegando que donde el teniente pretendía “ver irregularidades”, las actividades estaban “justificadas por los órganos administrativos de control y ejecución de la contratación y el gasto”.

El Ministerio de Defensa ha optado por mantenerse cauto sobre este asunto y no hacer muchas valoraciones, si bien el mismo fin de semana en que Segura comenzó a cumplir su sanción aclaró que las faltas que el teniente había cometido son “graves” y están “penadas” con la privación de libertad.

Además, el departamento que dirige Pedro Morenés insistió en que el oficial, como todo militar profesional, está sometido a las Reales Ordenanzas y a la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de la Fuerzas Armadas, que en su artículo 11 marca los límites de la libertad de expresión de los militares.

LUIS GONZALO SEGURA: “HACEN CON EL PRESUPUESTO LO QUE QUIEREN, EN MI CUARTEL HABÍA HASTA SAUNA”

 

periodistadigital.com

“A pesar de las consecuencias que pueda tener, no me arrepiento en absoluto de haber escrito este libro”.

“En las capas altas de las fuerzas armadas hay un falso sentido de la lealtad al compañero, que se prioriza a la lealtad a España. El 100% de la cúpula militar no es corrupta, sin embargo, la inacción de esas partes lo que hacen es favorecer la corrupción”.

“Me advirtieron que tenía que dejar de denunciar porque el sistema me aplastaría. Yo tenía muy claro lo que iba a pasar, pero por encima de las consecuencias y las presiones está el deber”.

“Se me han llegado a ofrecer medallas y otro tipo de recompensas para comprar mi silencio y cambiar mi actitud”.

“No he recibido amenazas directas pero sí agresiones y una pérdida de mi libertad. Se me ha condenado al destierro, lo cual es la pérdida de mi trabajo. A día de hoy la mayor agresión que puede recibir cualquier ciudadano es la privación de su libertad, la expulsión de su trabajo y la pérdida de garantías judiciales”.

“Estoy convencido de que en otros países de Europa el mismo caso se hubiera tratado de forma radicalmente diferente. El escándalo hubiera sido más sonado, los medios de comunicación le hubieran dado más cobertura, se hubiera abierto una investigación minuciosa para depurar responsabilidades y muchas personas hubieran dimitido de su cargo. Pero nunca se criminalizaría a quien está dando el paso de denunciar y contar lo que sucede”.

“La idea de escribir el libro surge de una frustración compartida por muchos militares que nos sentimos maltratados. La mayoría de los militares no tienen contrato, sino un compromiso que a nivel legal deja mucho que desear. El género de la novela permite llegar a lugares que otros géneros no permiten. Además es más atrayente para el lector que el ensayo”.

“Conociendo los mecanismos del cuerpo militar, el hecho de que lo que he escrito sea ficción, no me protege porque se me está juzgando de la misma forma que si fuera ensayo. Lo siguiente sería responsabilizarme de los asesinatos que han cometido algunos de los personajes”.

“Después de escribir esta novela leo de forma diferente. Es como aprender a hacer trucos de magia, cuando vas al espectáculo buscas encontrar dónde está el truco. Eso me pasa ahora con la literatura”.

“Como lector admiro a Arturo Pérez Reverte, Vargas Llosa, Ramón J. Sender, y la novela histórica en general. Pero no me gusta encasillarme”.

“En las fuerzas armadas puedes cumplir tu cometido a la perfección durante décadas, pero en el momento en el que llevas la contraria a un jefe o haces una acción que esté mal vista, pasas a una lista negra. En el caso de las mujeres, el embarazo está muy mal visto. La conciliación familiar es uno de los grandes problemas con la vida militar. Una mujer que decide quedarse embarazada y piden reducción de jornada, pasan a esa ‘lista negra’ como si fueran menos militares que los demás”.

“Se maltrata mucho a las personas con problemas psicológicos. Un aspecto desconocido en las fuerzas armadas es el número de suicidios que en la guardia civil se eleva a un caso cada veintiséis días; un número alarmante. En el caso del ejército, si después de estar en zona de conflicto sufres traumas psicológicos, pasas a estar estigmatizado y perseguido”.

“Lamentablemente en España muchos cargos son heredados en el ejército. Tenemos 270 generales y con veinte sería suficiente; tenemos 1050 coroneles y con 50 sería suficiente. Esto evidencia el excedente de oficiales como ejemplo de cómo la cúpula militar se mueve buscando su propio interés”.

“Otro problema de las fuerzas armadas es la fiscalidad en el gasto ni transparencia de modo que se hace con el presupuesto lo que se quiere. Las pruebas del derroche están en los cuarteles; en el que yo trabajaba puedes encontrar una sauna”.

“Sé que van a intentar expulsarme de las fuerzas armadas porque es la forma de actuar que tienen. Igual consigo que se haga justicia dentro de muchos años pero al final la indemnización también la pagarían los contribuyentes”.

“Gran parte de los militares no han podido acudir a las presentaciones de los libros porque se les ha censurado, amenazado y prohibido”.

“Por suerte a nivel de tropa y suboficiales hay una representatividad ideológica muy variada. Si se hiciera una encuesta en este nivel del cuerpo militar se vería que en comparación al resto ciudadanos el resultado sería muy similar. Esto no ocurre en la cúpula de dirigentes que sigue teniendo una ideología más homogénea que no es en absoluto reflejo del resto de la sociedad”.

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LAS NOCHES DE LOS SABADOS YA NO SERAN IGUALES SIN TI; MUERE LA PERIODISTA MARÍA ANTONIA IGLESIAS A LOS 69 AÑOS DE EDAD.

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Iglesias fue directora de los Servicios Informativos de TVE entre 1990 y 1996

La periodista sufría una dolencia cardiaca y sufrió un infarto hace unos años

En su faceta como escritora destaca el libro Memoria de Euskadi de 2009

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Agencias.

La periodista María Antonia Iglesias González, que dirigió entre 1990 y 1996 los servicios informativos de TVE y colaboró en diversos medios de prensa, radio y televisión, ha muerto en su casa de Nigrán (Pontevedra) a los 69 años. Fuentes de la Guardia Civil han informado a Efe de que su fallecimiento se produjo el martes por la tarde en su casa de Panxón, en el término municipal de Nigrán.

El médico que acudió al domicilio certificó su fallecimiento por causas naturales, por lo que no se ordenó que se le practicase autopsia, según las fuentes

La noticia de la muerte la ha adelantado la periodista Isabel Durán, amiga de la también escritora, en su cuenta personal de Twitter y ha añadido que se produjo a las siete de la tarde.

Nacida el 15 de enero de 1945 e hija de pianista y musicólogo Antonio Iglesias Alvarez (1918), fue directora de informativos de TVE durante seis años y ha pasado por grandes medios de prensa escrita como InterviúTiempo o El País.

Colaboradora habitual en tertulias en cadenas de radio como Cadena Ser o en televisiones como Telecinco, la periodista sufrió hace unos años un infarto que le retiró de las pantallas de televisión. Autora de Los Maestros de la República, comenzó su carrera periodística en prensa escrita en diarios como Informaciones y revistas como TriunfoTiempo e Interviú, donde sacó por primera vez a la luz los casos de bebés robados. Además, Iglesias vivió el intento de golpe de Estado de 1981 en el Congreso de los Diputados.

Directora de los Servicios Informativos de TVE

Su ingreso en 1984 en los servicios informativos de TVE y su incorporación como reportera al espacio Informe Semanal y posteriormente como directora, entre 1989 y 1990, le permitieron entrevistar a las grandes figuras de la política de la época como Manuel Fraga o Adolfo Suárez,entre otros.

“Me resulta imposible ‘elegir’ reportajes, seleccionar apresuradamente los ‘mejores'”, escribía la periodista en un artículo por el aniversario del programa. “Creo sinceramente que todos eran, fueron, los mejores” y “refleja fielmente el espíritu de aquel Informe Semanal que yo dirigí”, explicaba.

Un trabajo que le valió para ocupar la Dirección de Informativos de TVE entre 1990 y 1996, cargo en el que fue relevada por Ernesto Sáenz de Buruaga.

También destaca su faceta como escritora, centrada fundamentalmente en la entrevista personal. La memoria recuperada, sobre Felipe González, o Memoria de Euskadi, retrato de la realidad política vasca publicado en 2009 a base de entrevistas, son algunas de sus obras, entre las que también resalta Maestros de la República.

Del Derecho al Periodismo

Iglesias comenzó a estudiar Derecho, carrera que no terminó, y decidió dedicarse al periodismo. En 1968 obtuvo la diplomatura en Periodismo por la Escuela Oficial de Madrid y empezó a hacer prácticas en el diario Informaciones, en el que trabajó hasta su desaparición en 1979.

Después trabajó de reportera y cronista de información política en Interviú; colaboró en la primera tertulia política de la Cadena SER “La Trastienda”, con González Ferrari; y fue redactora-jefa de la agencia del grupo Zeta “Off the record”. Además, colaboró en las publicaciones Triunfo y Tiempo.

En 1984 ingresó en los Servicios Informativos de TVE como informadora política y encargada de la corresponsalía política de los Telediarios, actividad que simultaneó con colaboraciones en “Informe semanal”, programa donde ejerció de editora por un corto espacio de tiempo y que dirigió entre 1989 y 1990.

Iglesias fue nombrada el 28 de marzo de 1990, a propuesta de Ramón Colom, directora de los Servicios Informativos de TVE. Confirmada por García Candau directora de los Servicios Informativos de TVE el 21 de septiembre de 1993, desempeñó el cargo hasta el 14 de mayo de 1996, poco después de la victoria electoral del PP, cuando fue cesada por la nueva directora del Ente, Mónica Ridruejo, y sustituida por Ernesto Sáenz de Buruaga.

Tertuliana habitual

Ha participado en las tertulias del programa de Telecinco “Día a día” (1996-2004), presentado por María Teresa Campos, con quien repitió en el espacio de la cadena Cope “María Teresa Campos en la tarde de Cope” (1998); fue subdirectora del programa de los sábados en Telecinco “Cruce de caminos” -también de la misma presentadora-, que compaginó con “Día a día” y a la que acompañó en el espacio “Lo que inTeresa” (2006), en Antena 3.

Además, intervino en los espacios “Las mañanas de Cuatro”, presentado pro Concha García Campoy, y en “Madrid opina” de Telemadrid, en ambos entre 2006 y 2008.

Desde septiembre de 2008 intervino en Telecinco en la tertulia “La mirada crítica”, presentado por María Teresa Campos, y en los debates de “La Noria”, presentado por Jordi González. En septiembre de 2009 sufrió un microinfarto tras una acalorada discusión en este último programa, por lo que se ausentó hasta diciembre. Luego, desde enero de 2012 participó en “El gran debate”, espacio sucesor de “La Noria”.

El 22 de septiembre de 2012 reapareció en televisión, tras cinco meses de ausencia, para una entrevista grabada en Vigo con Jordi González en la que repasó toda su vida profesional con incursiones en su vida personal. La periodista, muy desmejorada, le reconoció que se sometía tres días en semana a diálisis.

También hizo reportajes para el canal Gran Vía Digital; ha formado parte de las tertulias en el espacios radiofónicos como “La brújula del mundo” de Onda Cero (2001-2002), moderado por Victoria Prego, “Protagonistas” de Punto Radio (septiembre de 2004 a 2006). Era colaboradora habitual de “El País”, diario para el que hizo entrevistas periódicas.

El 16 de abril de 2005 durante la presentación de un libro en una librería madrileña fue uno de los asistentes agredidos por un grupo de ultras. María Antonia Iglesias tenía una hija.

LAS BASES DE PODEMOS SE ENFRENTAN A SUS FUNDADORES PARA EXIGIR DEMOCRACIA INTERNA

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Los círculos exigen primarias abiertas para el equipo que diseñará la asamblea fundacional

“Los círculos no son democráticos”

El País

JOSÉ PRECEDO – Madrid

Podemos, el movimiento político que irrumpió en las elecciones europeas con 1,2 millones de votos y cinco escaños, es una bomba de relojería. Los promotores de la organización están duramente enfrentados a los “círculos”, las asambleas de ciudades y barrios que reúnen a sus bases y ayudaron a estructurar el partido desde su nacimiento hace unos meses. Anoche, el choque se escenificó en una durísima asamblea en Madrid de cuatro horas y media en un semisótano del barrio de Legazpi vinculado desde siempre a los movimientos sociales. En ese bajo que apilaba a la entrada 14.000 carteles para dar las gracias a sus votantes, el llamado Círculo de Organización citó a estrechos colaboradores de Pablo Iglesias (ausente este fin de semana por un viaje personal fuera de Madrid, según explicó su equipo) y representantes (dos por cada una) de todas las asambleas de Madrid.

Durante la larguísima reunión, el politólogo y escritor Juan Carlos Monedero, hombre de confianza de Pablo Iglesias, profesor cómo él y miembro de su comité de campaña, alertó del peligro de un “golpe de Estado” dentro de Podemos y acusó a algunos simpatizantes de pretender que el movimiento se convierta en la “izquierda de Izquierda Unida” hasta hacerlo irrelevante. Ha habido otras decisiones conflictivas –como colocar la cara del profesor universitario omnipresente en las tertulias televisivas como logo del partido contra el criterio de algunos militantes de a pie- pero la mecha que ha prendido el enfrentamiento entre los creadores de Podemos y sus asambleas ciudadanas ha sido la decisión del comité de campaña (Iglesias y su núcleo de colaboradores) de anunciar por carta y en rueda de prensa la pasada semana unas elecciones internas para este jueves y viernes a través de Internet en las que elegir a un equipo de 25 personas para  diseñar la asamblea fundacional donde se decidirán las estructuras (y todo lo demás) de Podemos a finales de otoño.

Pablo Iglesias había explicado el pasado jueves en el Círculo de Bellas Artes a los medios de comunicación su idea de componer un grupo de técnicos que recogerían las propuestas de las bases para estructurar el cónclave fundacional de Podemos. Y, qué el mismo presentaría una lista con dirigentes de su confianza (entre las que citó a uno de sus más estrechos colaboradores, Luis Alegre). El anuncio causó perplejidad en la mayoría de Círculos de Madrid, la ciudad donde nació Podemos, puesto que se trataba de una elección de 25 personas a través de una votación por Internet y cerrada, de forma que la candidatura con más apoyos obtendría todos los puestos en el citado comité. Sin listas abiertas ni posibilidad de integración.

MONEDERO DICE QUE HAY UN GOLPE DE ESTADO PARA CONTROLAR LA ORGANIZACIÓN DESDE FUERA.

El malestar entre las asambleas de Madrid se fue fraguando a lo largo del fin de semana por varias razones: la fundamental, que la práctica interna contradice el discurso hacia fuera del partido. Pero también porque cualquier aspirante a presentar candidatura disponía solo de seis días para diseñar un equipo. Y sobre todo porque la decisión no venía respaldada por ninguna votación: lo que estaba previsto desde abril es un acto el próximo sábado para que portavoces de los círculos de toda España debatan abiertamente sobre el futuro de la organización. La convocatoria sigue abierta a la espera de que se fije el lugar (se ha reservado el Lope de Vega a la espera de ver si se puede reprogramar en algún espacio de la Universidad Complutense.

Anoche todo ese malestar se desbordó en el quinto punto del orden del día de ese semisótano del centro de Madrid, donde se congregó un centenar de personas. Uno tras otro, los círculos de la capital fueron atacando la última propuesta de quienes gestaron el movimiento. Representantes de Podemos en distritos como los de Vallecas, Rivas, Moncloa, Arganzuela, Hortaleza, Usera, Chamartín o Fuencarral donde ha ido creciendo durante los últimos meses la organización compitieron en descalificativos contra el anuncio de Pablo Iglesias. Incluso los portavoces de los territorios partidarios de dar un voto de confianza a los creadores de Podemos, un éxito electoral con pocos precedentes en la historia reciente de España, admitieron que fallaron las formas y que Podemos debe mejorar en transparencia. Defendieron estas posiciones los círculos de La Latina, Moratalaz, Móstoles y, con más vehemencia, San Blas, todos en la capital madrileña, cuna del movimiento.

A medida que se sucedían las intervenciones, el debate se fue enconando. Hubo incluso algún grito protestando por “la falta de democracia”. La discusión fue a más y Monedero llegó a enseñar la puerta de la organización a los más críticos que acusaban a Iglesias de tener un discurso puertas afuera que no se compadece contra algunas prácticas internas. “A lo mejor esto tiene que romper, a lo mejor hay dos modelos incompatibles dentro de Podemos, algunos quieren convertirlo en un partido de delegados [por los representantes de los Círculos] y en un partido viejo[…] Si seguimos con estos discursos puede suceder que ocurra como con el 15-M, éramos radicalmente democráticos, pero radicalmente inoperativos”, aseguró la mano derecha de Pablo Iglesias.

En su último turno, Monedero fue todavía más lejos: confesó que la votación para el grupo de notables llamados a preparar la asamblea fundacional de Podemos ni siquiera entusiasma a quienes la han propuesto. Y soltó la bomba: la decisión trata de frenar una supuesta conspiración para intentar hacerse con su organización desde otro partido. La mayoría de presentes dieron por hecho que acusaba a Izquierda Unida. “La idea de las listas no nos parece muy sensata pero hay gente conspirando para quedarse con Podemos y no nos da la gana. Gente con responsabilidades en otros partidos ha mandado correos a los simpatizantes dando instrucciones de qué hacer el día 14 [en la asamblea que pretende acoger a simpatizantes llegados de toda España]”. La explicación causó estupor en la mayoría de los presentes –muchos pidieron la palabra- pero la asamblea terminó ahí. Antes, Monedero explicó que trasladaría a Iglesias y la comisión de campaña la petición defendida por una abrumadora mayoría de los presentes de aplazar la elección del equipo de trabajo para la asamblea que definirá el futuro de la organización en octubre. La votación prevista en principio para este jueves y viernes está en el aire.

“LOS CÍRCULOS NO SON DEMOCRÁTICOS”

La tensión del encuentro de anoche en ese local del madrileño barrio de Legazpi la resumió el propio Monedero con sus últimas palabras: “Hoy no me merece la pena estar en Podemos, lo que me pide el cuerpo es mandar al carajo esta reunión y que os vaya bonito”. Mientras otros dirigentes de la órbita de Pablo Iglesias como Luis Alegre (uno de los que componen la candidatura de los 25) trataron de tender puentes y ejercer una cierta autocrítica sobre todo basada en los “problemas de comunicación de Podemos”, Monedero acusó de falta de falta de legitimidad a las asambleas ciudadanas. Tras pedir a sus simpatizantes (todos en la reunión se trataron con familiaridad y abundó el “compa” para referirse a unos a otros) lamentó que ni siquiera el espectacular resultado de los comicios europeos haya matizado las críticas internas. “Entendimos que algo de confianza nos merecíamos con 1,2 millones de votos”, lamentó. Luego pasó al ataque y ajustó cuentas con los portavoces más acerados. Y dejó una frase que cayó como una losa sobre la mayoría de los presentes: “Los círculos no son democráticos”.

Lamentó que en sus votaciones (como las que formularon para oponerse a la propuesta de Pablo Iglesias y su equipo y pedir primarias abiertas también para el grupo de los 25) todas las asambleas cuentan igual a pesar de que algunas suman muchos más miembros, que las decanten muchas veces los miembros que tienen más facilidades para acudir a las reuniones y que no siempre sus portavoces defiendan lo que se aprueba desde abajo. “Queréis hacer de los círculos el órgano de decisión de Podemos, pues planteadlo así”, dijo, dando a entender que el conflicto obedece básicamente a una pugna por el control de la organización.

Durante todo el encuentro (en el que están erradicados los aplausos pero abundó esa agitación de manos para demostrar conformidad con el que interviene que hicieron famosas las asambleas del 15-M) algunos miembros de la comisión organizadora trataron de poner paz y buscar una vía intermedia entre el discurso de Monedero y el de los portavoces de los círculos. Sin demasiado, éxito, Podemos encarrila una semana crucial con un ambiente interno irrespirable y un enorme malestar por abajo que amenaza con propagarse desde Madrid a otras ciudades por esa autopista de las redes sociales que sirve para amplificar sus mensajes. Lo admitieron varios de los que intervinieron anoche a viva voz en sus turnos de palabra: “Me voy de esta reunión asustado”.pablo-3

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EE.UU DISEÑA UNA SALIDA PARA EL RÉGIMEN: RAJOY DEBE PONER SU CARGO A DISPOSICIÓN DE FELIPE VI

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Un Espía en el Congreso 06 junio 2014

 “Aunque no lo requiera la Constitución, y aunque solo fuera por cortesía protocolaria, el actual jefe del Gobierno debería poner su cargo a disposición del nuevo rey”. Esta es la sugerencia que el catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown (EE.UU), Josep M. Colomer, ha realizado a Mariano Rajoy para que acepte la oleada de cambio que reclama España tras el 25-M, con 10 millones de votos perdidos por el bipartidismo PP-PSOE en solo 2,5 años. Su propuesta está en sintonía con el interés estratégico que desde EE.UU se está poniendo al proceso de cambio en España (un simple vistazo a su prensa de referencia lo acredita), muy similar al que ya tuvo cuando se produjo la muerte de Franco y diseñó, junto con Alemania, el paso de la dictadura a la “oligocracia” o “partitocracia” con Juan Carlos. Despejado el camino con la inesperada y sorprendente abdicación del monarca (muchas miradas se dirigen al otro lado del Atlántico), Rajoy tiene ahora que elegir entre desempeñar el efímero papel de aquel presidente continuista llamado Arias Navarro o convertirse en “mártir” como su predecesor, Carrero Blanco. Y como la valentía no parece estar entre sus cualidades, en Estados Unidos dan por seguro de que no pondrá obstáculos y facilitará que Felipe VI tenga al menos una oportunidad de salvar el trono. En medios diplomáticos se asegura que Washington y Berlín ya han decidido: y el pulgar ha girado hacia abajo.

La “operación”, que aún no tiene nombre y que traman los reformistas del régimen, pasa por adquirir algo de legitimidad hasta mayo de 2015 (elecciones locales) para intentar avanzar en un proceso que la actual “casta” ha llevado hasta el abismo. Y habida cuenta de que la conocida inacción de Mariano Rajoy ante los dramáticos momentos que vive la sociedad española ya ha dinamitado al PP y al PSOE, se ha llevado por delante al rey y ahora amenaza incluso la supervivencia de la propia monarquía, desde EE.UU quieren poner sobre la mesa una “hoja de ruta”. La referencia es Italia, con una “partitocracia” muy similar a la española y donde Beppe Grillo (Génova, 1948) y su Movimiento 5 Estrellas ha desempeñado el papel reactivo que ahora juegan de forma incipiente en España Pablo Iglesias (Madrid, 1978) con Podemos-IU-Equo (Primavera Europea) y Julio Anguita (Fuengirola, 1941) como ideólogo desde “Frente Cívico-Somos Mayoría”. O Alexis Tsipras (Atenas, 1974) con su “Syriza” y Nigel Farage (Downe, 1964) con su UKIP en el Reino Unido.

Josep M. Colomer ha desvelado un estado de opinión muy extendido entre las élites de Washington en relación con España, a la que frecuentemente se asemeja con Italia, “un país que era conocido como una “partitocracia”, es decir, por un grado de control de las cúpulas de los partidos sobre las instituciones públicas igual o incluso superior al que suele ser denunciado en España”. Colomer culpa veladamente a Juan Carlos de haber abdicado mucho antes de hacer pública su decisión, lo que ha llevado al país a la ruina: “el jefe del Estado también debe arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Esta tarea se ha echado muy en falta en España en los últimos años cuando el Parlamento, el Gobierno y la justicia han dejado de funcionar de acuerdo con sus misiones constitucionales”.

De acuerdo a este guión, Felipe VI –quizás con la discreta ayuda de su padre, como Juan III, cuando se aproximó a la Junta Democrática, hizo con su hijo Juan Carlos I, que lo hacía a su vez al régimen de Franco– tendría que “usar sus prerrogativas para facilitar un nuevo impulso de recuperación y renovación”. Para ello, recomienda usar el ejemplo de lo sucedido en Roma: “Hace dos años y medio el Gobierno italiano, azotado por una serie de escándalos y la persecución judicial de su líder, estaba paralizado ante la crisis económica del país y las presiones de la Unión Europea. El jefe del Estado quitó entonces al jefe del Gobierno y nombró en su lugar a un prestigioso profesional independiente con experiencia en las instituciones europeas (Mario Monti), el cual formó un Gobierno con los mejores especialistas en cada tema, sin ningún miembro de ningún partido político, que obtuvo a pesar de ello el apoyo del 90% del Parlamento. El nuevo Gobierno fue apoyado también por los líderes de la Unión Europea y de Estados Unidos. Italia ha tenido desde entonces su mejor periodo de gobierno en la historia moderna”. ¿Existe el “Mario Monti” español? ¿Un técnico europeísta que no esté contaminado por los partidos y que sea capaz de crear un gobierno técnico que, solo con su prestigio, convenciese a los diputados para hacerse un “harakiri” como el de las Cortes de Franco?

Mario Monti (Varese, 1943), de acuerdo con el calendario electoral previsto, convocó nuevas elecciones al cabo de un año y medio: “Más o menos el mismo tiempo que falta en España para que se cumpla el plazo para una nueva convocatoria. Tras esas elecciones, las resistencias al cambio de los partidos políticos tradicionales hicieron imposible la formación de una mayoría parlamentaria, la cual habría requerido una gran coalición con miembros de los dos partidos mayores. Pero ésta se acabó formando algunos meses después, al coste de una reestructuración del sistema de partidos. Mientras tanto, el presidente Napolitano había nombrado una comisión para elaborar propuestas de políticas públicas formada por 10 expertos, algunos de los cuales pasaron a formar parte del nuevo Gobierno. Es muy notable que toda esta experiencia tuviera lugar en un país que era conocido como una “partitocracia”, señala Colomer.

Y añade: “La mayor ventaja de una iniciativa del jefe del Estado es que viene desde fuera del sistema de partidos políticos, por lo que puede ser especialmente eficaz en inducir reformas que afecten también al sistema de partidos”. Para ello, Felipe VI solo tendría que usar la misma Constitución que fraguó su padre con la “casta”: “De acuerdo con la Constitución española, el jefe del Estado puede destituir al jefe del Gobierno, disolver el Parlamento, convocar elecciones, nombrar un nuevo presidente del Gobierno, así como a los ministros que este proponga, presidir personalmente las reuniones del Consejo de Ministros, expedir los decretos gubernamentales, promulgar las leyes y, de acuerdo con el jefe del Gobierno nombrado por él, convocar referéndums sobre decisiones políticas de especial importancia. Se espera en general que el jefe del Estado use estas capacidades de acuerdo con los resultados electorales. Pero en una situación de emergencia —como sin duda es la española—, los poderes del jefe del Estado están para usarlos —como en el caso italiano— de acuerdo con la letra del texto legal”.

Por último, Colomer concluye que tras ese periodo de año y medio de profundas reformas constituyentes llevadas a cabo desde un Ejecutivo sin pelaje político, se abocaría a la formación “de un Gobierno de amplia coalición multipartidista, el acuerdo con Cataluña, el envío de señales de renovación y optimismo para que los capitales exiliados regresen y lleguen nuevas inversiones extranjeras, podrían ser el 23-F del rey Felipe VI. Es decir, su legitimación, no ya dinástica o constitucional, sino por los resultados de su acción. Como su padre, el nuevo jefe del Estado necesitará una legitimación de este tipo por una gran mayoría de la sociedad española, así como de la escena internacional, para consolidar su reinado en los años por venir”.

Es curioso porque ese “23-F” de Felipe VI es lo que otros analistas del régimen están comenzando a sugerir. Fernando Onega (RTVE), el periodista que le escribía los discursos a Adolfo Suárez, así lo ha mencionado expresamente, como también lo ha hecho Arcadi Espada (El Mundo): “¿Qué es, en cambio, lo que el rey deja a su hijo, Felipe VI? Voy a decirlo. Una Cataluña que sea su 23-F. Y una reforma de la Constitución que sea su referéndum legitimador. Que la fuerza le acompañe. La herencia es envenenada porque sitúa a la Corona, y al joven Rey, en el centro del conflicto político. Exhibido y vulnerable. Tan exhibido y vulnerable como estuvo su padre aquella lejana medianoche de febrero”.

Desde las fuerzas ciudadanas, todo se ve como una operación de salón para evitar el referéndum sobre el modelo de Jefatura de Estado: “Dejen de decir mentiras, no trajo la democracia”, ha replicado el escritor Suso de Toro, que se ha apercibido de que la abdicación es “una operación política muy calculada y en la que participan directamente todos los poderes además de la Casa Real: desde la banca y las grandes empresas hasta esos dos partidos y las grandes empresas de comunicación. Realmente todo el sistema económico y político español está conjurado en una misma operación para este tránsito entre padre e hijo”. Le faltó incluir a los dos grandes sindicatos dependientes financieramente del erario público (CC.OO y UGT) y foco permanente por ello de ineficacia y corrupción.

Para Suso de Toro “se puede estar a favor de esta Monarquía o de una República, de la continuidad del rey o de su abdicación; entiendo que hay razones para argumentar que sea conveniente la coronación del príncipe y que va a ser muy provechoso para todos, pero el modo en que se está desarrollando esa operación política es perverso por dos motivos. Primero, porque se está ejecutando como un plan militar de guerra relámpago muy preciso, para que el adversario no tenga tiempo a reaccionar. En este caso las armas no son la aviación y los carros de combate sino los medios de comunicación, implicados en una asfixiante campaña publicitaria del rey que abdicó y del heredero”.

 “Pero aquí el adversario no es un enemigo exterior sino la opinión pública, la propia ciudadanía, por lo que es profundamente antidemocrático en origen. Si no hay nada que ocultar a la ciudadanía, si no hay nada innoble en ello, no se puede realizar ese acto tan trascendente de ese modo porque demuestra una desconfianza absoluta en una población a la que se considera súbditos sin capacidad ni responsabilidad. Para blindar la legitimidad de la operación se está recurriendo a argumentar esa incapacidad de la ciudadanía española diciéndole que todo se lo deben al rey. Se nos repite machaconamente que “El rey nos trajo la democracia“, “nos la dio”, “gracias a él tenemos libertad“… Según eso este era un país de inútiles e idiotas y el rey fue nuestro redentor y nos guió. Y eso es una gran mentira. Muchas personas que vivían entonces pueden atestiguar que no fue así, al rey lo puso Franco y reinó por imposición. Y en cuanto a la sagrada Constitución, se redactó sometiéndose a las exigencias por escrito de la JUJEM”, añade.

 “Si esa Constitución garantizaba libertades a pesar de esas imposiciones es porque hubo una parte de la sociedad que exigía democracia. Y esa parte de la sociedad tenía presos políticos en las cárceles del régimen. Y muertos en los cementerios, casi siempre civiles. Que nos digan que el rey nos trajo la democracia es peor que faltar a la verdad, es mentir. Es una ofensa para las personas que lucharon por la libertad y es una reiterada traición a la memoria. No estamos locos, tenemos memoria aunque nos llamen imbéciles”, se queja De Toro.

Y concluye en Barcelona precisamente: “En Cataluña se dio un proceso curioso en la opinión pública que registraron todas las encuestas. Muchas personas que no se tienen por nacionalistas catalanes y que vienen demandando desde hace tiempo poder decidir su futuro como catalanes acabaron llegando a la conclusión de que la independencia es la única solución a la situación histórica de Cataluña. Son personas que sin hacer ideología del independentismo en sí mismo hoy son independentistas por convicción cívica. Una cosa parecida puede ocurrir con el republicanismo como ideología y con la República como institución. Hay muchas personas a quienes les parece natural poder decidir sobre la jefatura del Estado en referéndum, aunque luego muchas de esas personas votarían a favor de conservar una monarquía parlamentaria, pero viendo que se les niega explícitamente y ante esta vergonzosa imposición están basculando hacia la opinión de que sería más democrático y conveniente una república. En todo caso, someter a la ciudadanía a algo así es degradarla y envilecerla. Ésta es la democracia española, y es lo que debe cambiar”.

 Fuentes:

Colomer: el ejemplo de Italia vale para España y pasa por la salida de Rajoy

Suso de Toro: sin referéndum no habrá legitimidad para Felipe VI

 Fuente: http://www.espiaenelcongreso.com/2014/06/06/ee-uu-disena-una-salida-para-el-regimen-rajoy-debe-poner-su-cargo-disposicion-de-felipe-vi/

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LA PROTAGONISTA DE “EL MINUTO DE GLORIA” CONTESTA AL PRÍNCIPE

PABLO IGLESIAS ACIERTA AL RENUNCIAR A LA DÁDIVA

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elimparcial.es (31 Mayo 2014 – 12:50)