CASA REAL ESPAÑOLA

EL OTOÑO MÁS CALIENTE: LA CALLE PREPARA UN ALUVIÓN DE MOVILIZACIONES CONTRA “LA DICTADURA DEL PARTIDO POPULAR”

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Madrid, capital de la gloria (“Marchas de la Dignidad”, 22 de marzo de 2014)

Manifestación de las Marchas de la Dignidad en la madrileña Plaza de Colón el pasado 22 de marzo.

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Así lo avanza la Coordinadora 25-S. Las protestas contra la Monarquía y por un Proceso Constituyente, la reedición de las Marchas de la Dignidad en noviembre, las huelgas de la enseñanza y la Diada y la consulta independentista del 9-N en Cataluña marcarán el nuevo curso político. También habrá manifestaciones frente al Congreso, en favor del aborto, anti-ley mordaza y de denuncia de las prospecciones en Canarias.

vozpopuli.com

Nueve meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas, el Gobierno de Mariano Rajoy encara el otoño más caliente desde que llegó al poder en noviembre de 2011. El calendario del nuevo curso político que arranca hoy está repleto de movilizaciones, con un nivel de contestación social sin precedente en esta legislatura. Una indignación ciudadana que podría crecer más aún si se confirma la pretensión de los populares de acometer en mitad del partido la reforma de la Loreg para la elección directa de alcaldes –algo en lo que el presidente del Ejecutivo ha insistido este fin de semana–.

De momento, grupos de izquierdas y movimientos sociales ya perfilan una hoja de ruta para hacer todo lo visible que puedan su descontento con las políticas del PP. Así, la Coordinadora 25-S, surgida a partir del movimiento 15-M, ha difundido un itinerario de protestas para los próximos meses, animando a la participación masiva en ellas. Este conjunto de manifestaciones ha sido denominado Otoño Deconstituyente, donde el grueso de las acciones se dirigirá contra la Corona y la “dictadura del PP”.

Desde el 25-S sostienen que “es necesario trabajar contra el Régimen monárquico, ya que es una piedra angular del Régimen del 78”. “La lucha antimonárquica se constituye como eje central que demarca la línea entre ruptura y reforma (algo parecido a lo que ocurrió durante la llamada Transición)”, apuntan. A su juicio, y aquí los convocantes lanzan una velada crítica a fuerzas políticas de izquierdas, “no bastan discursos que vengan a mencionar el proceso constituyente como necesario, desde una posición de vacío en la práctica destituyente concreta”. De esto modo, los activistas exigen dar respuesta en la calle y “señalar a la institución monárquica como un eslabón clave y muy deslegitimado del conjunto del entramado del Régimen, que pretende recomponer esa legitimidad a través de la figura concreta de Felipe VI”.

En este contexto, la Coordinadora 25-S, dentro de su campaña Rodea el Congreso, ha convocado para el próximo 4 de octubre una concentración en la madrileña Plaza de Neptuno con el lema Monarquía no es democracia, es dictadura. Procesos constituyentes. Felipe VI no te queremos. Según los promotores, “todos los procesos constituyentes que han sido realmente democráticos y justos y han acabado en un gobierno del pueblo, no de una oligarquía, se han impulsado desde la movilización popular”.

“LA LUCHA ANTIMONÁRQUICA SE CONSTITUYE COMO EJE CENTRAL QUE DEMARCA LA LÍNEA ENTRE RUPTURA Y REFORMA (ALGO PARECIDO A LO QUE OCURRIÓ DURANTE LA TRANSICIÓN)”, SEÑALAN DESDE EL 25-S

La lista de manifestaciones que forman parte del citado Otoño Deconstituyente la completan la Diada más soberanista; el Día mundial por un aborto libre, seguro y gratuito –próximo 28 de septiembre–; la huelga de la enseñanza del 21, 22 y 23 de octubre; una concentración el 24 de octubre contra la Monarquía en los Premios Príncipe de Asturias; la consulta independentista del 9 de noviembre en Cataluña y una reedición de las Marchas de la Dignidad, previa “semana de lucha”, el 29 de noviembre. Estas últimas protestas se saldaron el pasado 22 de marzo con 29 detenidos y 131 heridos, entre ellos 67 policías, a consecuencia, principalmente, de los disturbios que marcaron el final del recorrido en la Plaza de Colón de la capital. Al mes siguiente, Interior cesó al jefe de la primera Unidad de Intervención Policial (UIP) de Madrid, Javier Virseda.

Asimismo, desde el 25-S también prestarán apoyo tanto a las movilizaciones como a las consultas ciudadanas que se lleven a cabo en Canarias contra los sondeos petrolíferos que avala el Ministerio de Industria en aguas cercanas al archipiélago. La Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas hizo en agosto un llamamiento a la sociedad para “no decaer en la lucha” contra los sondeos después de que Industria publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la autorización a la compañía Repsol para efectuarlos. La plataforma instó a promover “masivas movilizaciones de protesta en los meses próximos que concluyan antes de final de año con una consulta popular en que se escuche alta y clara la opinión de nuestro pueblo y su rotundo no a las prospecciones”.

CONTRARRESTAR LA ESTRATEGIA DE MONCLOA

Además, los activistas del 25-S insisten en la necesidad de denunciar en cada manifestación la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado julio y que será debatida en el Congreso en el nuevo periodo de sesiones. “Somos conscientes de que el Régimen intenta que la movilización popular se diluya, y para eso además de la represión usa otras armas”, denuncian desde la plataforma, que apuntan tanto a la ley mordaza como a la reforma electoral que prepara Moncloa.

“Intenta crear la ilusión del fin de ‘la crisis’ contra toda evidencia para recuperar ‘el consenso social’. Da mensajes sobre la disminución de manifestaciones, que no responden a la realidad… Un régimen que, como hacen todas las democracias capitalistas, exhibe la esperanza vacía de un cambio en elecciones cada 4 años, que además intenta amañar. Estas estrategias no son más que un reflejo de su debilidad y un aliento para seguir movilizándonos”, sentencian los convocantes del Otoño Deconstituyente en su desafío al Gobierno.

 

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EL JUEZ PROCESA A LA INFANTA CRISTINA, HIJA DE JUAN CARLOS I Y HERMANA DE FELIPE VI. ESPAÑA.

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AGENCIAS.

“LA DECISIÓN DEL JUEZ CASTRO DEMUESTRA LA IGUALDAD ANTE LA LEY”

El Gobierno y los partidos políticos coinciden en que la imputación de la infanta Cristina es garantía de la independencia judicial

La Casa del Rey ha expresado su “pleno respeto a la independencia del poder judicial” tras conocer el auto por el que el juez José Castro mantiene la imputación contra la Infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido.

En tanto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha recalcado el “respeto absoluto” del Gobierno ante la decisión del juez del caso Nóos y ha recordado que esa imputación aún es recurrible. En declaraciones en los pasillos del Congreso, ha aprovechado para defender que “en este país la ley es igual para todos” sin necesidad de actuaciones concretas y para poner en valor las palabras del Rey Juan Carlos y de su hijo Felipe VI al respecto.

Así, ha recordado el discurso pronunciado hace dos años por el Rey Juan Carlos, alegando esa igualdad de todos ante la ley, y el pronunciado en su proclamación por Felipe VI, en favor de la independencia judicial. “Ambas afirmaciones cobran valor un día como hoy”, ha subrayado el titular de Justicia, quien ha admitido que el auto del juez Castro no es una “sorpresa” y ha explicado que como cualquier decisión de un órgano

En este caso, por tanto, ha subrayado que la última decisión será de la Audiencia Provincial. Preguntado por el recurso de la Fiscalía, Gallardón ha indicado que el Ministerio Público es un órgano independiente que actúa dentro de su autonomía y no sigue instrucciones del Gobierno, y respecto a la posición de la Abogacía del Estado ha afirmado que primero tendrá que estudiar el perjuicio patrimonial que haya existido.

En nombre del PP, su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, ha asegurado que la decisión del juez José Castro de mantener la imputación de la infanta Cristina “pone de manifiesto que la justicia actúa con independencia de la persona encausada” y en base “al criterio que se forma el juez”, lo cual es “recurrible y revisable” por un “órgano colegiado” si se recurre el auto -algo que ya ha anunciado que hará la Fiscalía Anticorrupción-, por lo que Alonso ha querido manifestar el respeto del PP a la decisión del juez.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha asegurado en el Congreso que la imputación de la infanta Cristina demuestra que “el Estado de Derecho funciona” en España y que “la ley es igual para todos”, incluso para la hermana del Rey. Mientras tanto, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha señalado que se trata de una “resolución judicial” y que hay que “respetarla”.

“Es una resolución judicial, que hay que acatar y respetar”, ha señalado el dirigente madrileño en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, donde ha reconocido no conocer la historia en profundidad pero que, en todo caso, “habrá que ver cuáles son las razones por las que se ha acordado” esta decisión. “Estamos en un proceso judicial, se están sustanciando en los tribunales, los jueces y las partes son los que conocen los hechos, es resolución judicial y hay que respetarla”, ha insistido González a este respecto.

Rosa Díez, portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) también ha querido referirse a la decisión del juez Castro y ha defendido que la justicia debe ser “independiente” y “ágil” para todos los españoles, incluida la infanta Cristina. Ha subrayado que la justicia en nuestro país debe actuar con la hermana del Rey igual que lo haría con cualquier ciudadano, esto es, “con independencia y con agilidad, a ser posible”, y ha apostillado que “si no, no es justicia”.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha mostrado su respeto por la decisión y ha llamado a confiar en todos los órganos de justicia. Asimismo, ha dicho respetar los procesos judiciales y, en el caso concreto del que afecta a la hermana de Rey, ha confiado en que se depurará la inocencia o culpabilidad de la acusada. “Hay que confiar en todos los órganos de justicia, esto es, en el juez, en la Audiencia y en la Fiscalía, porque cada uno de esos órganos judiciales cumple con su obligación, y esto es lo más importante que tenemos los ciudadanos”, ha dicho.

En tanto, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha alabado las actuaciones del juez Castro para que “la justicia sea igual para todos” y su decisión de mantener la imputación de la infanta. A la vez, ha censurado a la Fiscalía, que ya ha anunciado su intención de recurrir la imputación. “Finalmente el juez Castro va a hacer que prevalezca la justicia con mayúsculas en nuestro país”, ha dicho.

Al referirse al anuncio de recurso de la Fiscalía Anticorrupción, ha recalcado que no es “ninguna sorpresa” y que lleva haciéndolo “desde el minuto uno y ha estado al servicio de que la justicia no pudiera prevalecer. A su juicio, este organismo debería haber estado “a la cabeza” pidiendo imputaciones en este caso si “hubiera presunciones delictivas”, como cree que sucede en el caso de la hija menor de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía.

El portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, ha manifestado su “respeto” a la decisión del juez Castro de mantener la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, mientras que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha subrayado: “Ya lo dijo su padre, la justicia es igual para todos”. Ambos han coincidido en que la noticia no les ha causado mayor “sorpresa”.

“Los indicios que se fueron poniendo de manifiesto con las declaraciones parecía que podría resultar imputada también por haber sido parte colaboradora fundamental en los delitos”, ha argumentado Esteban, quien, al ser preguntado sobre qué le parece que la Fiscalía anuncie que va a recurrir sin haber leído el auto, ha señalado que “muy poco profesional y sospechoso”.

Al mismo tiempo, el diputado de ERC Joan Tardá ha calificado el hecho de “buena noticia” porque “durante años y años los miembros de la Casa Real ha gozado de una total impunidad”. Además,  ha añadido que la decisión del juez José Castro supone “una demostración que finalmente la justicia no mira hacia otra parte”.

Desde Amaiur, Xabier Errekondo ha señalado que en este caso se tienen que dar los pasos que se darían con cualquier otra persona y más cuando se repite “que todos los ciudadanos son iguales ante una acusación de corrupción”. Y ha concluido: “Habrá que ver si es culpable o inocente como con cualquier otro ciudadano o ciudadana”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, y ha acordado mantener la imputación de la Infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez abre así la vía para que la duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

Se trata de una resolución contra la que cabe interponer tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- como de apelación -directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares-, y la Fiscalía ya anunció que lo haría si la hermana del Rey era imputada.

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AUTO JUEZ CASTRO TEXTO ÍNTEGRO

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TEXTO INTEGRO DECLARACIÓN DE IÑAKI URDANGARIN

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14-FOTO61364993723_772665_1364994528_album_normalINFANTA CRISTINA DESTACA QUE NUEVO MUSEO DALÕ REFUERZA RELACI”N ESPA—A-EEUU

MONARQUÍA PARLAMENTARIA, ESTADO FEDERAL O REPÚBLICA ¿CUAL ES LA CUESTIÓN?

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Principes-Asturias

¿QUÉ ES UN ESTADO FEDERAL?

lainformacion.com

El profesor de Derecho Constitucional por la UNED Carlos Vidal aclara algunas diferencias.

1. ¿Qué es un Estado federal?
Es una forma de organización  política descentralizada, con un Estado central y distintos entes territoriales autónomos, que se relacionan conforme a lo dispuesto en una Constitución federal; en ella se establece cómo se distribuyen las competencias entre las instituciones centrales y las territoriales.

2. ¿En qué se diferencia un estado federal del que tenemos en España?
En muy poco. Los territorios que forman parte del Estado central (Federación) se llaman a su vez Estados (federados), y tienen su propia Constitución. En España son comunidades autónomas y tienen estatutos de autonomía.

3. ¿Puede un estado federal separarse del resto si así lo desea en un determinado momento?
Depende de lo que diga la Constitución, pero normalmente no puede hacerlo de forma unilateral, pues el pacto (constitucional) establece que se necesita contar con el resto.

4. ¿Qué da más independencia a las regiones: un estado federal o uno autonómico?
Dependerá del nivel de autonomía que se conceda en cada caso. Por ejemplo, el reino de España es un estado más descentralizado que la República. En términos generales, según los modelos actuales, un Estado Federal tiene más mecanismos centralizadores y preserva más la igualdad entre los ciudadanos y los territorios de lo que se ha conseguido, por ejemplo, con el actual momento evolutivo de nuestro Estado autonómico.

5. ¿De dónde viene la palabra federal?
Del latín federare, que significa “unir”. Otras palabras derivadas también refieren cierto sentido de unión entre dos o más partes: confederación, feudalismo, feudo, etc.

6. ¿Qué diferencia hay entre “federación” y “confederación”?
La Federación tiene una Constitución propia y constituye un solo Estado desde el punto de vista del Derecho internacional, un único sujeto jurídico desde el punto de vista internacional. La Confederación se basa en un Tratado internacional entre los Estados que forman parte de la misma, que mantienen su soberanía como Estados desde el punto de vista del Derecho internacional.

7. ¿Están obligados los Estados Federales  a tener una constitución/estatuto y a replicar todos los órganos democráticos?
“Obligado” no es la palabra adecuada. Cada Estado federal se rige por lo que dicta la Constitución federal, y cada Estado federado por lo que diga la suya. La Constitución del Estado federado debe moverse dentro del marco jurídicamente permitido por la Constitución federal. En función de las competencias que estén previstas, deberán existir los órganos encargados de ejercerlas: tribunal superior, defensor del pueblo, parlamento… etc.

8. Cuando se habla de federalismo simétrico o asimétrico, ¿qué quiere decir?
En un estado federal “simétrico”, cada territorio tiene los mismos poderes y las mismas competencias que el resto. En el estado federal “asimétrico” puede haber uno o varios territorios que tengan más competencias que el resto. La mayor parte de Estados federales son simétricos y, sin embargo, un caso de federalismo asimétrico podría ser el Estado autonómico español, al menos como lo concibieron los constituyentes de 1978. Por ejemplo, Navarra y País Vasco tienen más competencias en materia fiscal que el resto de comunidades.

9. ¿Ha habido algún momento en que España haya sido federal?
El 8 de junio de 1873 las Cortes Constituyentes proclamaron la República Federal. Se presentó un proyecto de Constitución Federal, pero no llegó a aprobarse, pues se sucedieron las declaraciones de independencia de diversos territorios y cantones, y varios Gobiernos, hasta que se produjo la restauración monárquica en 1874.

10. ¿Qué ventajas tiene el Estado federal respecto al autonómico?
Probablemente permitiría una mayor claridad en la delimitación de competencias, y la posibilidad de que las reformas no fuesen siempre descentralizadoras, sino también recentralizadoras. No obstante, desde el punto de vista jurídico, tanto el Estado federal como el autonómico ofrecen posibilidades similares. Es más importante la voluntad política.

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 REPÚBLICA

(del latín respublĭca, ‘cosa pública’, ‘lo público’; y este de res, ‘cosa’, y popŭlus, ‘pueblo’), en sentido amplio, es un sistema político que se fundamenta en el  imperio de la ley (constitución) y la igualdad ante la ley (al igual que otros regímenes basados en el Estado de derecho) como la forma de frenar los posibles abusos de las personas que tienen mayor poder, del gobierno y de las mayorías, con el objeto de proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos, de los que no puede sustraerse nunca un gobierno legítimo. A su vez la república escoge a quienes han de gobernar mediante la representación de toda su estructura con el derecho a voto. El electorado constituye la raíz última de su legitimidad y soberanía. Muchas definiciones, como la de Encyclopædia Britannica de 1922, resaltan también la importancia de la autonomía y del Derecho (incluyendo los Derechos Humanos) como partes fundamentales para una república.3 No debe confundirse república con democracia (del griego δημοκρατία, dimokratía, ‘poder del pueblo’; y este de δῆμος,dḗmos, ‘pueblo’ y de κράτος, krátos, ‘poder’), pues aluden a principios distintos; la república es el gobierno de la ley mientras que democracia significa el gobierno del pueblo.

(SIGA EL ENLACE INFORMACIÓN AMPLIADA)

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica

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EE.UU DISEÑA UNA SALIDA PARA EL RÉGIMEN: RAJOY DEBE PONER SU CARGO A DISPOSICIÓN DE FELIPE VI

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Un Espía en el Congreso 06 junio 2014

 “Aunque no lo requiera la Constitución, y aunque solo fuera por cortesía protocolaria, el actual jefe del Gobierno debería poner su cargo a disposición del nuevo rey”. Esta es la sugerencia que el catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown (EE.UU), Josep M. Colomer, ha realizado a Mariano Rajoy para que acepte la oleada de cambio que reclama España tras el 25-M, con 10 millones de votos perdidos por el bipartidismo PP-PSOE en solo 2,5 años. Su propuesta está en sintonía con el interés estratégico que desde EE.UU se está poniendo al proceso de cambio en España (un simple vistazo a su prensa de referencia lo acredita), muy similar al que ya tuvo cuando se produjo la muerte de Franco y diseñó, junto con Alemania, el paso de la dictadura a la “oligocracia” o “partitocracia” con Juan Carlos. Despejado el camino con la inesperada y sorprendente abdicación del monarca (muchas miradas se dirigen al otro lado del Atlántico), Rajoy tiene ahora que elegir entre desempeñar el efímero papel de aquel presidente continuista llamado Arias Navarro o convertirse en “mártir” como su predecesor, Carrero Blanco. Y como la valentía no parece estar entre sus cualidades, en Estados Unidos dan por seguro de que no pondrá obstáculos y facilitará que Felipe VI tenga al menos una oportunidad de salvar el trono. En medios diplomáticos se asegura que Washington y Berlín ya han decidido: y el pulgar ha girado hacia abajo.

La “operación”, que aún no tiene nombre y que traman los reformistas del régimen, pasa por adquirir algo de legitimidad hasta mayo de 2015 (elecciones locales) para intentar avanzar en un proceso que la actual “casta” ha llevado hasta el abismo. Y habida cuenta de que la conocida inacción de Mariano Rajoy ante los dramáticos momentos que vive la sociedad española ya ha dinamitado al PP y al PSOE, se ha llevado por delante al rey y ahora amenaza incluso la supervivencia de la propia monarquía, desde EE.UU quieren poner sobre la mesa una “hoja de ruta”. La referencia es Italia, con una “partitocracia” muy similar a la española y donde Beppe Grillo (Génova, 1948) y su Movimiento 5 Estrellas ha desempeñado el papel reactivo que ahora juegan de forma incipiente en España Pablo Iglesias (Madrid, 1978) con Podemos-IU-Equo (Primavera Europea) y Julio Anguita (Fuengirola, 1941) como ideólogo desde “Frente Cívico-Somos Mayoría”. O Alexis Tsipras (Atenas, 1974) con su “Syriza” y Nigel Farage (Downe, 1964) con su UKIP en el Reino Unido.

Josep M. Colomer ha desvelado un estado de opinión muy extendido entre las élites de Washington en relación con España, a la que frecuentemente se asemeja con Italia, “un país que era conocido como una “partitocracia”, es decir, por un grado de control de las cúpulas de los partidos sobre las instituciones públicas igual o incluso superior al que suele ser denunciado en España”. Colomer culpa veladamente a Juan Carlos de haber abdicado mucho antes de hacer pública su decisión, lo que ha llevado al país a la ruina: “el jefe del Estado también debe arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Esta tarea se ha echado muy en falta en España en los últimos años cuando el Parlamento, el Gobierno y la justicia han dejado de funcionar de acuerdo con sus misiones constitucionales”.

De acuerdo a este guión, Felipe VI –quizás con la discreta ayuda de su padre, como Juan III, cuando se aproximó a la Junta Democrática, hizo con su hijo Juan Carlos I, que lo hacía a su vez al régimen de Franco– tendría que “usar sus prerrogativas para facilitar un nuevo impulso de recuperación y renovación”. Para ello, recomienda usar el ejemplo de lo sucedido en Roma: “Hace dos años y medio el Gobierno italiano, azotado por una serie de escándalos y la persecución judicial de su líder, estaba paralizado ante la crisis económica del país y las presiones de la Unión Europea. El jefe del Estado quitó entonces al jefe del Gobierno y nombró en su lugar a un prestigioso profesional independiente con experiencia en las instituciones europeas (Mario Monti), el cual formó un Gobierno con los mejores especialistas en cada tema, sin ningún miembro de ningún partido político, que obtuvo a pesar de ello el apoyo del 90% del Parlamento. El nuevo Gobierno fue apoyado también por los líderes de la Unión Europea y de Estados Unidos. Italia ha tenido desde entonces su mejor periodo de gobierno en la historia moderna”. ¿Existe el “Mario Monti” español? ¿Un técnico europeísta que no esté contaminado por los partidos y que sea capaz de crear un gobierno técnico que, solo con su prestigio, convenciese a los diputados para hacerse un “harakiri” como el de las Cortes de Franco?

Mario Monti (Varese, 1943), de acuerdo con el calendario electoral previsto, convocó nuevas elecciones al cabo de un año y medio: “Más o menos el mismo tiempo que falta en España para que se cumpla el plazo para una nueva convocatoria. Tras esas elecciones, las resistencias al cambio de los partidos políticos tradicionales hicieron imposible la formación de una mayoría parlamentaria, la cual habría requerido una gran coalición con miembros de los dos partidos mayores. Pero ésta se acabó formando algunos meses después, al coste de una reestructuración del sistema de partidos. Mientras tanto, el presidente Napolitano había nombrado una comisión para elaborar propuestas de políticas públicas formada por 10 expertos, algunos de los cuales pasaron a formar parte del nuevo Gobierno. Es muy notable que toda esta experiencia tuviera lugar en un país que era conocido como una “partitocracia”, señala Colomer.

Y añade: “La mayor ventaja de una iniciativa del jefe del Estado es que viene desde fuera del sistema de partidos políticos, por lo que puede ser especialmente eficaz en inducir reformas que afecten también al sistema de partidos”. Para ello, Felipe VI solo tendría que usar la misma Constitución que fraguó su padre con la “casta”: “De acuerdo con la Constitución española, el jefe del Estado puede destituir al jefe del Gobierno, disolver el Parlamento, convocar elecciones, nombrar un nuevo presidente del Gobierno, así como a los ministros que este proponga, presidir personalmente las reuniones del Consejo de Ministros, expedir los decretos gubernamentales, promulgar las leyes y, de acuerdo con el jefe del Gobierno nombrado por él, convocar referéndums sobre decisiones políticas de especial importancia. Se espera en general que el jefe del Estado use estas capacidades de acuerdo con los resultados electorales. Pero en una situación de emergencia —como sin duda es la española—, los poderes del jefe del Estado están para usarlos —como en el caso italiano— de acuerdo con la letra del texto legal”.

Por último, Colomer concluye que tras ese periodo de año y medio de profundas reformas constituyentes llevadas a cabo desde un Ejecutivo sin pelaje político, se abocaría a la formación “de un Gobierno de amplia coalición multipartidista, el acuerdo con Cataluña, el envío de señales de renovación y optimismo para que los capitales exiliados regresen y lleguen nuevas inversiones extranjeras, podrían ser el 23-F del rey Felipe VI. Es decir, su legitimación, no ya dinástica o constitucional, sino por los resultados de su acción. Como su padre, el nuevo jefe del Estado necesitará una legitimación de este tipo por una gran mayoría de la sociedad española, así como de la escena internacional, para consolidar su reinado en los años por venir”.

Es curioso porque ese “23-F” de Felipe VI es lo que otros analistas del régimen están comenzando a sugerir. Fernando Onega (RTVE), el periodista que le escribía los discursos a Adolfo Suárez, así lo ha mencionado expresamente, como también lo ha hecho Arcadi Espada (El Mundo): “¿Qué es, en cambio, lo que el rey deja a su hijo, Felipe VI? Voy a decirlo. Una Cataluña que sea su 23-F. Y una reforma de la Constitución que sea su referéndum legitimador. Que la fuerza le acompañe. La herencia es envenenada porque sitúa a la Corona, y al joven Rey, en el centro del conflicto político. Exhibido y vulnerable. Tan exhibido y vulnerable como estuvo su padre aquella lejana medianoche de febrero”.

Desde las fuerzas ciudadanas, todo se ve como una operación de salón para evitar el referéndum sobre el modelo de Jefatura de Estado: “Dejen de decir mentiras, no trajo la democracia”, ha replicado el escritor Suso de Toro, que se ha apercibido de que la abdicación es “una operación política muy calculada y en la que participan directamente todos los poderes además de la Casa Real: desde la banca y las grandes empresas hasta esos dos partidos y las grandes empresas de comunicación. Realmente todo el sistema económico y político español está conjurado en una misma operación para este tránsito entre padre e hijo”. Le faltó incluir a los dos grandes sindicatos dependientes financieramente del erario público (CC.OO y UGT) y foco permanente por ello de ineficacia y corrupción.

Para Suso de Toro “se puede estar a favor de esta Monarquía o de una República, de la continuidad del rey o de su abdicación; entiendo que hay razones para argumentar que sea conveniente la coronación del príncipe y que va a ser muy provechoso para todos, pero el modo en que se está desarrollando esa operación política es perverso por dos motivos. Primero, porque se está ejecutando como un plan militar de guerra relámpago muy preciso, para que el adversario no tenga tiempo a reaccionar. En este caso las armas no son la aviación y los carros de combate sino los medios de comunicación, implicados en una asfixiante campaña publicitaria del rey que abdicó y del heredero”.

 “Pero aquí el adversario no es un enemigo exterior sino la opinión pública, la propia ciudadanía, por lo que es profundamente antidemocrático en origen. Si no hay nada que ocultar a la ciudadanía, si no hay nada innoble en ello, no se puede realizar ese acto tan trascendente de ese modo porque demuestra una desconfianza absoluta en una población a la que se considera súbditos sin capacidad ni responsabilidad. Para blindar la legitimidad de la operación se está recurriendo a argumentar esa incapacidad de la ciudadanía española diciéndole que todo se lo deben al rey. Se nos repite machaconamente que “El rey nos trajo la democracia“, “nos la dio”, “gracias a él tenemos libertad“… Según eso este era un país de inútiles e idiotas y el rey fue nuestro redentor y nos guió. Y eso es una gran mentira. Muchas personas que vivían entonces pueden atestiguar que no fue así, al rey lo puso Franco y reinó por imposición. Y en cuanto a la sagrada Constitución, se redactó sometiéndose a las exigencias por escrito de la JUJEM”, añade.

 “Si esa Constitución garantizaba libertades a pesar de esas imposiciones es porque hubo una parte de la sociedad que exigía democracia. Y esa parte de la sociedad tenía presos políticos en las cárceles del régimen. Y muertos en los cementerios, casi siempre civiles. Que nos digan que el rey nos trajo la democracia es peor que faltar a la verdad, es mentir. Es una ofensa para las personas que lucharon por la libertad y es una reiterada traición a la memoria. No estamos locos, tenemos memoria aunque nos llamen imbéciles”, se queja De Toro.

Y concluye en Barcelona precisamente: “En Cataluña se dio un proceso curioso en la opinión pública que registraron todas las encuestas. Muchas personas que no se tienen por nacionalistas catalanes y que vienen demandando desde hace tiempo poder decidir su futuro como catalanes acabaron llegando a la conclusión de que la independencia es la única solución a la situación histórica de Cataluña. Son personas que sin hacer ideología del independentismo en sí mismo hoy son independentistas por convicción cívica. Una cosa parecida puede ocurrir con el republicanismo como ideología y con la República como institución. Hay muchas personas a quienes les parece natural poder decidir sobre la jefatura del Estado en referéndum, aunque luego muchas de esas personas votarían a favor de conservar una monarquía parlamentaria, pero viendo que se les niega explícitamente y ante esta vergonzosa imposición están basculando hacia la opinión de que sería más democrático y conveniente una república. En todo caso, someter a la ciudadanía a algo así es degradarla y envilecerla. Ésta es la democracia española, y es lo que debe cambiar”.

 Fuentes:

Colomer: el ejemplo de Italia vale para España y pasa por la salida de Rajoy

Suso de Toro: sin referéndum no habrá legitimidad para Felipe VI

 Fuente: http://www.espiaenelcongreso.com/2014/06/06/ee-uu-disena-una-salida-para-el-regimen-rajoy-debe-poner-su-cargo-disposicion-de-felipe-vi/

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LA PROTAGONISTA DE “EL MINUTO DE GLORIA” CONTESTA AL PRÍNCIPE

FELIPE VI, SERÁ PREVISIBLEMENTE, EL PRÓXIMO REY DE ESPAÑA, D. JUAN CARLOS DE BORBON PRESENTA SU ABDICACIÓN.

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21324_foto-oficial-reyes-espana_m639x360_1326321727_Principe de AsturiasLA PRINCESA LETIZIA CUMPLE CUARENTA AÑOS

El Mundo.

El presidente del Gobierno ha anunciado, en declaración institucional, la decisión del Rey Juan Carlos I de abdicar y transmitir la Jefatura del Estado en su hijo, el Príncipe Felipe, de conformidad con lo previsto en el artículo 57, 1º y 2º de la Constitución. La delicada situación que vive la monarquía española desde hace varios años sería el desencadenante de la decisión del Monarca.

Rajoy ha anunciado que Don Juan Carlos dará a conocer este mismo lunes los motivos de su abdicación y que le ha comunicado que está convencido de que es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la Jefatura del Estado y la transmisión de la Corona al Príncipe de Asturias.

Según fuentes de toda solvencia, desde el viaje a Oriente Próximo el mes pasado, Don Juan Carlos, de 76 años, meditaba “seriamente” la posibilidad. El Príncipe estaba en Centroamérica este fin de semana cuando el monarca tomó la decisión. Desde Zarzuela se repite desde hace dos años que la abdicación sería anunciada “por sorpresa”, como si de la devaluación de la moneda se tratara.

La imputación de su yerno Iñaki Urdangarin y su hija, la Infanta, en el ‘caso Nóos’, el accidente en Botsuana que provocó unas disculpas históricas del Rey, sus operaciones en los últimos años y el protagonismo que ha ido adquiriendo el Príncipe han situado al monarca en una difícil posición que le ha llevado a tomar la decisión de abdicar.

 Así es el proceso de abdicación

El escrito de abdicación debe ir refrendado por el presidente del Gobierno a los efectos formales de conocimiento.

El presidente del Congreso, que a estos efectos ejerce como presidente de las Cortes, convoca a las dos juntas de portavoces, reunión a la que asisten el presidente del Senado y el ministro encargado de las relaciones del Gobierno con las Cortes, para acordar el orden del día, que debe tener ese solo punto. En dicha reunión se explicita si algún grupo tiene dudas sobre la validez jurídica del escrito de abdicación.

Si no las hay, la reunión conjunta de las Cámaras sería muy corta. El presidente del Congreso, que encabeza la reunión, da lectura a un escrito muy breve, que se referirá exclusivamente a la aceptación de la referida validez jurídica. Nada de discutir su conveniencia, ni de convertir la sesión en un debate sobre la monarquía ni sobre su titular.

Si en las intervenciones no ha habido discrepancias, el presidente, de conformidad con los artículos 82.1 y 83 del Reglamento del Congreso, propone la aprobación por asentimiento.

Si hay discrepancia, habrá que votar. Como lo conveniente es que la votación sea secreta, basta con que lo pidan dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los diputados y senadores presentes. Si nadie la pide, puede decidirlo el presidente.

El presidente del Congreso dará cuenta del resultado al rey y ordenará la publicación oficial.

La abdicación surtirá efecto el mismo día de dicha publicación oficial.

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CASO NOOS, LA JUEZA NIEGA QUE DIFUNDIR LOS CORREOS DE URDANGARIN VULNERE SU INTIMIDAD

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Desestima la demanda que el duque de Palma presentó contra su exsocio Diego Torres y siete grupos editoriales por difundir informaciones relacionadas con sus correos íntimos

EFE Barcelona.

Una jueza de Barcelona ha desestimado la demanda que presentó el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por la difusión de sus correos electrónicos, al entender que dejaron de ser confidenciales al enviarse desde su ordenador de empresa y que tienen “interés general” por su relación con el caso Nóos.

En su sentencia, la titular del juzgado de primera instancia número 46 de Barcelona rechaza así la demanda por vulneración del derecho al honor y a la intimidad que el duque interpuso contra su exsocio Diego Torres y siete grupos editoriales, a los que reclamaba una simbólica indemnización de un euro por difundir informaciones relacionadas con sus correos íntimos.

En su demanda -que se dirigía contra los grupos EcoPrensa S.A., Unidad Información General, SLU, El Semanal Digital, Semana S.L., Publicaciones Heres S.L. y Titania Compañía Editorial-, Urdangarin pedía también que se prohibiera la publicación de correos suyos que afectaran a su intimidad, mensajes que enviaba desde los ordenadores del Instituto Nóos, su sede laboral.

En primer lugar, la juez recuerda en su sentencia que las noticias publicadas hasta ahora sobre los correos “se sucedieron en el ámbito de una investigación judicial de extremísima relevancia” y, por ese motivo, “es incuestionable el interés general que los mails tenían, diluyéndose forzosamente el derecho a la intimidad (…)”.

Además, la magistrada argumenta que Urdangarin transmitía esos mensajes desde un ordenador situado en la sede del Instituto Nóos en que trabajaba y que era consciente de que todos los equipos informáticos de la empresa eran “controlados periódicamente por varias entidades”.

Por eso, razona la magistrada, la información que Urdangarin enviaba a través de los correos electrónicos mandados desde su ordenador profesional “ha perdido toda su esencia de confidencialidad”.

La sentencia, que no es firme, admite que la información relativa a la esfera personal, “como pueden ser las revelaciones de relaciones afectivas”, puede ser ajena al interés público, pero insiste en que debería haber sido el propio Iñaki Urdangarin quien se preocupara de asegurar su confidencialidad.

“Y lo que es evidente es que este celo o cuidado no se ha tenido, remitiéndose correos impropios de su cargo y la posición institucional que ocupa el demandado (en el caso de los correos jocosos) o remitiéndose correos de carácter absolutamente privado desde ordenadores que no contaban con la suficiente protección (…)”, añade la jueza.

Para la magistrada, “es notorio e indubitado” que el esposo de la infanta Cristina “sabía perfectamente el control al que estaban sometidos los ordenadores de la empresa y, aunque ahora está claro que no consiente que los correos sean publicados, en su momento consintió en remitir información de carácter personal a través de los mismos, y con ello diluyó la protección que el derecho de intimidad otorga a todos los ciudadanos (…)”.

Otro argumento de la juez es que se desconoce el número, contenido, destinatario y carácter de los correos que Urdangarin envió desde su ordenador y que, además, se ignora “quién los tiene ni si dispone únicamente de ellos el señor Diego Torres o más gente”, como el personal del Instituto Nóos, los ingenieros que hacían los “backups” o personal del CNI que también se encargaba de esa tarea.

La juez recuerda en su fallo que los ordenadores del Instituto Nóos eran de “uso común” para todos los trabajadores de la empresa, “lo que permite considerar que la información archivada en el disco duro era accesible a todos ellos (…)”.

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GALLARDÓN OFRECIÓ AYUDA A URDANGARIN PARA IMPULSAR UN NEGOCIO DE 6 MILLONES DE EUROS

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ORGANIZÓ PARA EL YERNO DEL REY CENAS CON EMPRESARIOS

Elconfidencial.com

 José L. Lobo

La relación de Alberto Ruiz-Gallardón con Iñaki Urdangarin y sus negocios fue más estrecha de lo que ha trascendido hasta ahora. El actual ministro de Justicia no sólo pagó con fondos públicos, siendo alcalde de Madrid, 144.000 euros a una fundación del yerno del Rey por unos trabajos para promocionar la candidatura Madrid 2016 de los que no hay el menor rastro, sino que se implicó a fondo para impulsar uno de los proyectos estrella del duque de Palma: los Juegos Europeos de Valencia, unas Olimpiadas en versión continental por las que la Generalitat de Francisco Camps se comprometió a desembolsar seis millones de euros al Instituto Nóos.

El 6 de mayo de 2004, Gallardón, entonces alcalde de Madrid, apadrinó una discreta cena privada en la capital de España para que Urdangarin presentase su proyecto de Juegos Europeos a un selecto grupo de empresarios. El encuentro se celebró en el domicilio de Juan Antonio Samaranch Salisachs, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) e hijo del ya desaparecido Juan Antonio Samaranch, expresidente del COI. Entre los asistentes se encontraban José Manuel Entrecanales, de Acciona; Javier Díez de Polanco, ex-Sogecable; Guillermo Mesonero-Romanos, en ese momento vicepresidente de Ebro Puleva, o Javier Serratosa, de Uralita.

El objetivo de aquella cena ideada por Gallardón no era tanto el apoyo de los ilustres comensales a los Juegos Europeos como asegurarse de que ese proyecto no perjudicaría las aspiraciones olímpicas de Madrid, que entonces era una de las ciudades candidatas a organizar los Juegos Olímpicos de 2012, finalmente adjudicados a Londres un año después. El yerno de Don Juan Carlos aseguró a sus interlocutores, en presencia de Gallardón, que la competición valenciana, lejos de mermar las posibilidades de Madrid 2012, podría ser un acicate para la candidatura de la capital y no interferiría en esta, ya que los Juegos Europeos se celebrarían dos años antes.

“No dudes en contactar conmigo”

Una semana antes de la reunión en casa de Samaranch Salisachs, su secretaria, Marie Carrillo, envió un email a la secretaria de Urdangarin en el Instituto Nóos, Luisa Massuet, para comunicarle la lista definitiva de asistentes. “Para cualquier pregunta que tengas al respecto, no dudes en contactar conmigo”, escribía Carrillo, que adjuntaba la relación de comensales. En ella, además de los ya citados, aparecían Guillermo Morenés, de MB Capital Advisors; Gabriel Masfurroll, de United Surgical Partners Europe; Yolanda Manfredi, de Trio Asesores Inmobiliarios; Pedro Gómez de Baeza, de GBS Finanzas, y Feliciano Mayoral, consejero delegado de Madrid 2012.

Nadie en aquella cena puso trabas al proyecto de Urdangarin. Y en los meses sucesivos el yerno del Rey se batió el cobre para convencer de las bondades del mismo no sólo a Camps, sino a un puñado de personajes influyentes vinculados al movimiento olímpico, entre ellos Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español; Jaime Lissavetzky, entonces secretario de Estado para el Deporte; el waterpolista Manuel Estiarte, miembro del COI, o la infanta Pilar de Borbón, hermana del Rey. Con todos ellos se reunió por separado en el otoño de 2005, unas veces en solitario y otras en compañía de Isidre Rigau, consultor de Madrid 2012, y Antonio Ballabriga, mano derecha de Urdangarin en el Instituto Nóos junto a su socioDiego Torres.

Rigau, que fue director logístico de los Juegos de Barcelona 92, cobró casi 75.000 euros del Instituto Nóos por su supuesta labor de asesoría en el proyecto de Valencia. Y Ballabriga, que estuvo imputado en el caso Nóos, fue el encargado de diseñar la estrategia de lobby con las entidades olímpicas y, sobre todo, con las federaciones deportivas europeas, para convencerlas de que los Juegos de la Comunidad Valenciana no dañarían sus intereses económicos. Para ello encargó un estudio jurídico al bufete Cuatrecasas, que designó como interlocutor ante el Instituto Nóos al abogado Miquel Terrasa, primero, y más tarde a Miguel Trías Sagnier.

Siempre informado

Fuentes muy cercanas a Urdangarin han asegurado a El Confidencial que el duque de Palma mantuvo informado a Gallardón de todas esas gestiones con el objetivo de garantizarse que Madrid no pondría obstáculos a los Juegos Europeos. Para entonces –julio de 2005– la capital de España había sido apeada de los Juegos Olímpicos de 2012 en detrimento de Londres, pero pronto presentaría su candidatura a los de 2016. El yerno del Rey vendió a Camps que tanto Gallardón como Blanco y Samaranch Salisachs veían con buenos ojos el proyecto, y en octubre de 2005 el entonces presidente de la Generalitat anunció públicamente la candidatura de la Comunidad Valenciana.

Lo hizo en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat y acompañado del propio Urdangarin y el presidente del COE. Camps dijo que los Juegos Europeos no eran “una utopía”, sino “un sueño, algo palpable”, y aseguró que el proyecto supondría “un esfuerzo inversor de 400 millones de euros”en la Comunidad Valenciana. El duque de Palma, más comedido, afirmó que se tomaba el proyecto como un “reto personal”. Sólo dos meses después, en la Navidad de 2005, la Generalitat firmaba el convenio con el Instituto Nóos por el que este se comprometía a diseñar el sueño olímpico de Camps a cambio de seis millones de euros.

Pero, antes de la firma, Urdangarin se reunió una vez más con Gallardón para hablar de los Juegos Europeos. Fue el 15 de noviembre de 2005, según consta en otro correo electrónico al que ha tenido acceso este diario. De nuevo Massuet, secretaria del duque de Palma, escribe: “Acordada con María reunión el 15.11.05 18.30 h. para Juegos Europeos. Pendiente de confirmar por ellos”, en alusión a la secretaria de Samaranch Salisachs. Las fuentes consultadas no han sabido precisar si, además de Urdangarin, Gallardón y Samaranch junior, hubo otros asistentes a ese encuentro.

Tras esta cita se produjeron muchas más. Cuatro meses después, en marzo de 2006, Gallardón acudió a la sede madrileña de ESADE, la escuela de negocios en la que se formó el duque de Palma y buena parte de la plana mayor del Instituto Nóos, para presentar el libro El patrocinio visto por sus protagonistas, escrito por el yerno del Rey y su socio Torres. Antes de la presentación del ensayo, cuyo prólogo fue redactado por el propio alcalde de Madrid, este se reunió con Urdangarin y Carlos García-Revenga, secretario personal de las infantas Elena y Cristina de Borbón, junto a varios directivos de ESADE y el Instituto Nóos.

Gallardón, Urdangarin y Carlos Sainz

En uno de esos encuentros, y tras el fiasco de Madrid 2012, Gallardón llegó a proponer a Urdangarin que liderase la candidatura olímpica de Madrid 2016, también fracasada. El duque de Palma expresó por escrito al entonces alcalde su “absoluto apoyo” al proyecto, pero rechazó la oferta, y sugirió el nombre del piloto Carlos Sainz como “alternativa para el liderazgo de la candidatura”. Sin embargo, el vínculo entre Gallardón y Urdangarin no se debilitó por ese rechazo. Antes al contrario.

En 2007, siendo aún alcalde de Madrid, Gallardón autorizó pagos al yerno del Rey y su Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), la sucesora del Instituto Nóos, por importe de hasta 12.000 euros mensuales durante un periodo de al menos dos años. Los desembolsos se hicieron a través de la Fundación Madrid 2016, impulsada por Gallardón para promocionar la frustrada candidatura de la capital como sede de los Juegos Olímpicos, y fueron camuflados como donaciones para evitar que Urdangarin tributara por esas cantidades. Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción incorporado al caso Nóos, Urdangarin ingresó esas cantidades sin contraprestación alguna.

El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach se han opuesto hasta la fecha a que Gallardón preste declaración para aclarar esos pagos, ni siquiera en calidad de testigo, como han pedido reiteradamente el abogado de Torres y la defensa del sindicato Manos Limpias. Pero tres antiguos colaboradores del ahora ministro de Justicia siguen imputados en la causa. Se trata deMercedes Coghen, exconsejera delegada de Madrid 2016; Gerardo Corral, director financiero del proyecto olímpico, y Miguel de la Villa, exdirector de Deportes del Ayuntamiento de la capita.

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