¿PODRÍA ADIVINAR, CUAL ES EL TRIBUNAL QUE EN ESPAÑA MENOS CUENTA? SOBRE TODO PARA ALGUNOS.

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EL TRIBUNAL DE CUENTAS.

LOS CONSEJEROS DE CUENTAS SON NOMBRADOS “SEIS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y SEIS POR EL SENADO, MEDIANTE VOTACIÓN POR MAYORÍA DE TRES QUINTOS DE CADA UNA DE LAS CÁMARAS, POR UN PERÍODO DE NUEVE AÑOS”.

ARTÍCULOS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. (LOTCU):

El Presidente del Tribunal de Cuentas será nombrado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de tres años.

Artículo 29.

Los Consejeros de Cuentas serán designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años, entre Censores del Tribunal de Cuentas, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos ellos de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional.

Los Consejeros de Cuentas del Tribunal son independientes e inamovibles.

Artículo 30.

Los Presidentes de las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento serán designados por el Tribunal entre los Consejeros de cuentas, a propuesta del Pleno.

Artículo 31.

El Fiscal del Tribunal de Cuentas que pertenecerá a la Carrera Fiscal, se nombrará por el Gobierno en la forma determinada en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Artículo 32.

Composición nominal del Pleno del Tribunal de Cuentas y nombramientos:

LOS CONSEJEROS ACTUALES, QUE FUERON TODOS NOMBRADOS EL 21 DE JULIO DE 2012, SON:

POR PARTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

D. Ramón María Álvarez de Miranda García (presidente), miembro desde 07/11/2001. Presidente.

D. Ángel Antonio Algarra Paredes, miembro desde 23/07/2012. Consejero del Departamento de Fiscalización de Comunidades Autónomas y de Ciudades Autónomas.

Dª. Enriqueta Chicano Jávega, miembro desde 23/07/2012. Consejera del Departamento de Fiscalización del Área Político-Administrativa del Estado.

Dª. María José de la Fuente y de la Calle, miembro desde 23/07/2012. Consejera del Departamento de Fiscalización de Entidades Locales.

Dª. María Antonia Lozano Álvarez, miembro desde 23/07/2012. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento.

D. José Manuel Suárez Robledano, miembro desde 23/07/2012. Consejero del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento.

POR PARTE DEL SENADO:

D. Javier Medina Guijarro, miembro desde 07/11/2001. Presidente de la Sección de Fiscalización. Consejero del Departamento de Fiscalización de las Entidades Financieras y de Fundaciones y otros Entes Estatales.

Dª. Margarita Mariscal de Gante y Mirón, miembro desde 23/07/2012. Consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento.

D. Manuel Aznar López, miembro desde 23/07/2012. Consejero del Departamento de Fiscalización del Área de la Administración Económica del Estado.

D. Lluís Armet i Coma, miembro desde 07/11/2001. Consejero del Departamento de Fiscalización de Empresas Estatales y otros Entes Públicos.

D. Felipe García Ortiz, miembro desde 07/11/2001. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento.

Dª. María Dolores Genaro Moya, miembro desde 23/07/2012. Consejera del Departamento de Fiscalización del Área de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social.

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El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución Española que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público, sin perjuicio de su función jurisdiccional encaminada al enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos. También se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria.

Depende directamente de las Cortes Generales, ejerciendo sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. No obstante, el Tribunal de Cuentas disfruta de plena independencia para el ejercicio de sus funciones, reconociéndose constitucionalmente que los miembros del Tribunal gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión financiera (economía, eficacia y eficiencia). Los resultados de la fiscalización se exponen mediante informes, memorias, mociones y notas, que se aprueban por el Pleno del Tribunal y se elevan a las Cortes Generales y, en lo que les afecte, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los Plenos de las Corporaciones locales.

SALA DE JUSTICIA

La función jurisdiccional consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos, siempre que se haya producido un menoscabo o perjuicio en los mismos. El Tribunal de Cuentas es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de que las sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal sean susceptibles de impugnación mediante el recurso de casación –y, en su caso, extraordinario de revisión- ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La organización del Tribunal de Cuentas responde a las dos funciones señaladas, al establecerse como órganos del Tribunal, entre otros, las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento, que se encuentran estructuradas en Departamentos para el mejor cumplimiento de sus cometidos.

Al margen del Tribunal de Cuentas, se han constituido diversos Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, bajo distintas denominaciones, que ejercen una función fiscalizadora sobre las Administraciones autonómicas y locales  de sus respectivos ámbitos territoriales, sin que ello excluya la competencia del Tribunal para fiscalizar la totalidad del sector público español. Sin embargo, el enjuiciamiento contable es una jurisdicción exclusiva del Tribunal de Cuentas

HISTORIA

Aun cuando no pueda establecerse una relación directa con el Tribunal de Cuentas, tal y como está configurado en la actualidad, los antecedentes más remotos de la actividad de control económico-financiero del ámbito público se sitúan en la Alta Edad Media. En este contexto, cabe señalar la existencia de figuras como la del Mayor in Domus, recogido en el Código de las Partidas de Alfonso X el Sabio, el Contador Mayor en la Corte castellana y el Maestre Racional en el Reino de Aragón.

Bajo el reinado de Juan II, Rey de Castilla y León, tuvo lugar la creación de la Casa de Cuentas de Valladolid y la Contaduría Mayor de Cuentas, antecedentes históricos del Tribunal de Cuentas. En Navarra se constituyó la Cámara de Comptos, que asumió funciones de Tribunal de Justicia en materia de Hacienda.

En el siglo XVI, Felipe II dispuso la creación, en sustitución de las anteriores Instituciones, de un Tribunal de Contaduría, cuya finalidad era la de resolver sobre los contenciosos relativos a la gestión económico-financiera pública y su registro contable.

En la Constitución de 1812, aprobada por las Cortes de Cádiz, se dispuso la creación de una Contaduría Mayor de Cuentas “para el examen de todas las cuentas de los caudales públicos”. En 1828 se aprobó la Ordenanza por la que se crea el Tribunal Mayor de Cuentas, que estuvo vigente hasta 1851.

Durante el régimen establecido en la Constitución de 1845 se llevaron a cabo una serie de importantes reformas en la Administración financiera del Estado, aprobándose la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 1851, que constituye el auténtico germen de la Institución actual, atribuyéndole la fiscalización financiera de la Administración Pública.

En 1870 se aprobó una nueva Ley sobre Organización del Tribunal de Cuentas del Reino, que estuvo en vigor hasta que, en 1924, se creó el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, en el que quedaron integradas tanto las funciones de control externo como las de control interno del sector público.

La Constitución de 1931 estableció el Tribunal de Cuentas de la República como órgano fiscalizador de la gestión económica pública, aprobándose su Ley Orgánica en 1934.

Con posterioridad se fueron estableciendo normas de adaptación de la Institución al régimen político vigente, aprobándose una Ley de Organización, Funciones y Procedimientos del Tribunal de Cuentas del Reino en 1953, modificada en 1961, en la que se define al Tribunal de Cuentas como el órgano superior de control externo del Estado, con la función de informar al Jefe del Estado y a las Cortes del resultado de su actividad de fiscalización y con el reconocimiento de una auténtica función jurisdiccional.

En la actualidad, la Constitución Española de 1978 configura al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económico-financiera de todo el sector público, que es independiente del Poder Ejecutivo y se encuentra vinculado directamente a las Cortes Generales.

Artículo 136

  1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

  1. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

  1. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
  2. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

Antonio José Chinchetru, 08 de febrero de 2013 http://www.periodistadigital.com/

TRIBUNAL DE CUENTAS: 53 MILLONES ANUALES EN SUELDOS PARA MIRAR PARA OTRO LADO

LOS POLÍTICOS LO UTILIZAN PARA COLOCAR A PARIENTES Y AMIGOS: AZNAR PUSO ALLÍ A SU HERMANO.

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