EL FISCAL MODIFICÓ EL INFORME ENTREGADO AL JUEZ SOBRE LA TRAMA POLICIAL EN EL CASO ‘EMPERADOR’

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Manuel Cerdán

HABÍA SIDO ELABORADO POR ASUNTOS INTERNOS

El fiscal anticorrupción José Grinda hizo correcciones y aportaciones personales al informe que supuestamente colaboraban con las tramas chinas de la operación Emperador.
El texto resultante, ilustrado y corregido por el Ministerio Fiscal, fue el que entregó más tarde el comisario Marcelino Martín Blas-Aranda al juez instructor Fernando Andreu, según aseguraron a El Confidencial fuentes judiciales que han tenido acceso a las dos versiones.
Ese ‘informe paralelo’ de la Unidad de Asuntos Internos, como lo definen las mismas fuentes judiciales, forma parte del expediente que en la actualidad estudia el juez Ismael Moreno para determinar si la trama de Gao Ping se benefició de favores policiales.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que sustituyó en la investigación al magistrado Fernando Andreu por su relación de amistad con el comisario del aeropuerto de Barajas, tendrá que decidir si el documento tiene valor legal. Este diario desveló este jueves que el informe policial fue confeccionado por la Unidad de Asuntos Internos a espaldas del magistrado de la causa, Fernando Andreu, pero bajo la tutela del fiscal anticorrupción José Grinda.
Material incautado en la operación Emperador contra el blanqueo de capitales. (Efe)
La maniobra procesal entre la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción para dejar fuera de la investigación al juez instructor ha provocado un hondo malestar entre los magistrados de la Audiencia Nacional y en la cúpula del Ministerio del Interior, como ha podido constatar El Confidencial. Por su parte, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, está abanderando la defensa de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en este asunto.
Quejas del juez ante el ‘número 2’ de la Policía

El mismo juez Andreu, tras enterarse de la existencia de un informe policial ‘paralelo’, contactó con el director de Apoyo Operativo (DAO), Eugenio Pino, para trasladarle su extrañeza y malestar. El magistrado comunicó al número dos de la Dirección General de la Policía que su Juzgado ni tenía conocimiento del informe ni había participado en su elaboración.
La indignación del Juzgado aumentó cuando su titular se enteró de que el informe policial había sido confeccionado ‘a la carta’, según fuentes policiales y judiciales.
El juez Fernando Andreu. (Europapress)“Existe un primer informe que el fiscal Grinda cambia, añadiendo y quitando cosas. Hasta el punto de que se eliminan datos que beneficiaban a los policías investigados, concretamente, al comisario Carlós Salamanca. Por tanto, se podría decir que al Juzgado llega un documento remozado”, declaró a El Confidencial una fuente del Ministerio del Interior.
Un caso similar, durante las pesquisas sobre los explosivos utilizados en el atentado del 11-M, provocó un procedimiento penal que sentó en el banquillo al comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano. El comisario se atrevió a modificar un informe original firmado por los peritos antes de que fuera remitido al Juzgado de la Audiencia Nacional.
El responsable de la UAI, Marcelino Martín Blas-Aranda, es el mismo comisario que acompañó a Barcelona en octubre de 2012 al entonces jefe de la UDEF, José Luis Olivera para ofrecer su colaboración a los fiscales catalanes que investigaban un caso de corrupción que afectaba a dirigentes de Convergència Democrática de Cataluña. Martín Blas-Aranda fue condecorado después con la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo, que conlleva una pensión vitalicia.
Desde la Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos han filtrado a varios medios la renuencia del magistrado de la Audiencia Nacional a seguir con las investigaciones sobre lo que denominan tramas corruptas policiales. Pero hay que recordar que Fernando Andreu, en su etapa al frente de un Juzgado de Instrucción en San Sebastián, fue el único juez que se atrevió a reabrir el caso Zabalza contra varios mandos del Servicio de Información de la Guardia Civil de Intxaurrondo, bajo las órdenes del coronel Rodríguez Galindo.
Entonces, aquella decisión le acarreó presiones y amenazas porque su Juzgado pretendía investigar si Zabalza, un conductor de la empresa municipal de transportes de San Sebastián ajeno a la actividad terrorista de ETA, había fallecido mientras era interrogado en el cuartel donostiarra por agentes del instituto armado.

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